No apresuremos al Ministerio Público

Es perfectamente natural y comprensible que la vasta mayoría de panameños aspiremos a ver juzgados y sancionados a quienes se les compruebe que han incurrido en actividades delictivas durante la administración pasada —o en cualquier administración anterior— hayan sido funcionarios o personas particulares. Pero una cosa es armar un expediente hermético a prueba de todo cuestionamiento y otra, forzar la conclusión a destiempo de una investigación incompleta que vaya a terminar en una absolución inmerecida.

Una investigación forense, llevada a cabo a conciencia y apegada a la Ley, termina cuando debe terminar. No antes. No le pediríamos a un cirujano que apure una cirugía en el quirófano porque el paciente tiene un compromiso urgente; ni a un arquitecto, que concluya rápidamente el diseño incompleto de un edificio porque el impaciente cliente exige una conclusión precoz. De igual forma una investigación forense exige igual responsabilidad y atención al detalle como la cirugía o el diseño arquitectónico. Podemos ‘saber', por intuición o por el juzgamiento mediático, que una persona seguramente cometió tal o cual delito; pero al final de cuentas será el producto concreto del fiscal, consignado en un expediente y respaldado con las pruebas que lo sustenten, lo que se presente al juez o jueces del Órgano Judicial, para que emitan el juicio definitivo y válido.

Todos aspiramos a que impere la justicia en buena lid, culpando o eximiendo de responsabilidad; por eso, sin dejar de vigilar, debemos permitir el tiempo necesario para cubrir todos los ángulos de una investigación. Ni más ni menos. Si en su oportunidad los jueces encontraran fallas o incongruencias en el expediente y en consecuencia no compartieran las conclusiones de los fiscales, esa discrepancia atizaría la suspicacia que rodea nuestros órganos de justicia. Lamentablemente reforzaría el descrédito que han heredado.

Es mucha la variedad de delitos que actualmente se investigan, relacionados con administradores pasados y sus círculos de amistades. Pero todos, o la mayoría, giran alrededor de dineros públicos desviados o mal habidos. Son temas que exigen una experticia nueva para la administración de justicia; son delitos financieros con los cuales no hemos estado acostumbrados a lidiar. Debo asumir que no es lo mismo probar quién empuñó y disparó la pistola o quién forzó la entrada a la vivienda para robar, que seguir cuidadosamente el rastro del dinero a través de diferentes niveles y capas de sociedades anónimas y cuentas bancarias secretas, diseñadas para esconder el destino final del dinero hurtado.

Tampoco es cuestión de indagar prematuramente a un sospechoso sin una exhaustiva investigación para determinar de antemano su conducta o la de sus colaboradores, y así poder confrontarlo con hechos ya comprobados y demostrar sin dudas sus posibles contradicciones. La necesidad de organizar adecuadamente el interrogatorio, antes de hacer comparecer al inculpado, es evidente para que resulte eficaz; particularmente si es persona de ‘alto perfil', cuya conducta delictiva deba ser castigada para escarmiento de quienes puedan ser tentados en el futuro. Y para satisfacer nuestra sed de justicia.

La tarea en manos el Ministerio Público es de proporciones gigantescas, que algunos parecen no apreciar del todo. Son delitos complejos con muchas ramificaciones, que un equipo de fiscales competentes y honrados, pero atiborrado de trabajo y con recursos limitados, enfrenta a curtidos abogados defensores que utilizan todas las argucias legales permitidas al servicio de sus clientes.

Si algún sospechoso de hoy resultara inocente, debería ser el resultado de un proceso transparente, que haya gozado del tiempo necesario para ser concluido adecuadamente. Pero sería enormemente perjudicial que, por precipitadas conclusiones precoces, resultaran declarados injustamente inocentes quienes en realidad delinquieron.

EXDIPUTADA