Pugna fronteriza

El reciente conflicto en la frontera colombo-venezolana, con la expulsión indiscriminada de miles de familias colombianas, no es un tema que puede abordarse de forma simplista. La inmigración colombiana de la frontera siempre va a servir de manzana de discordia política. Trátase de un episodio más de carácter regional dentro de una situación geoestratégica continental entre dos Estados fronterizos encontrados; en donde cohabitan la mafia narcotransnacional, el contrabando de Venezuela a Colombia de bienes, tales como gasolina, productos alimentarios y regulados, como el azúcar, harina de maíz y leche en polvo, en presencia de guerrilleros de las FARC y paramilitares colombianos que hoy controlan todo tipo de negocios criminales. Una complejidad de intereses políticos y económicos enfrentados, en donde no se distinguen las acciones del crimen organizado de aquellas que realizan algunas instituciones. Existe un maridaje entre líderes políticos y criminales, de una manera vasta, profunda y permanente, muy seria, como para pasar inadvertida.

El incidente ha ocurrido en una zona fronteriza donde históricamente han existido el contrabando y grandes estructuras criminales (‘los Zeta', ‘los Rastrojo'); alegar o pretender excusarse que la reciente expulsión de colombianos obedece a la existencia de estas irregularidades, son excusas rebuscadas, cuyo trasfondo lo hace aún más sospechoso, con el interés en engañar a la opinión internacional.

El Gobierno bolivariano venezolano que conoce a la perfección lo que allí ocurre, participa directamente y controla de igual forma muchas de las actividades ilegales que allí se dan. En consecuencia, hablar de amenazas al Gobierno central de Venezuela, dentro de estas fronteras y preparar una acción defensiva de tipo militar, agrediendo y expulsando a miles de familias colombianas ubicadas en esta región, representa un trato inhumano, que exige solidaridad con los expulsados y la denuncia categórica contra el Gobierno liderado por Nicolás Maduro. Luego de esta agresión y del drama de todo el sustrato miserable de desplazados que huyen por temor, el presidente Maduro viaja en plena crisis a China y a Vietnam a rendirse a los pies de sus acreedores, que paulatinamente están apoderándose de las escuálidas riquezas empeñadas de Venezuela (petróleo y oro).

Todo parece indicar, por los últimos acontecimientos, que el actual Gobierno colombiano, que no es santo de mi devoción, por su comportamiento mezquino con Panamá (al declararnos paraíso fiscal e imponer impuestos a bienes procedentes de la Zona Libre), pese a contar con un ejército de más de 500 000 hombres bien armados y entrenados con una vasta experiencia bélica, ha optado por la vía diplomática para solucionar este impasse, haciendo caso omiso a los gritos guerreristas proclamados por otros sectores opositores de la sociedad colombiana, como lo son el grupo del expresidente Uribe y la ultraderecha colombiana.

No olvidemos que en la mesa de negociaciones al diálogo de paz que se adelantan en La Habana, entre el Gobierno colombiano y las FARC, este último grupo insurgente ha exigido la presencia del Gobierno venezolano para el éxito de esta iniciativa. De ahí lo mesurado que ha sido el presidente Santos en el manejo inicial de esta crisis, por la importancia que le otorga el Gobierno que lideriza a lograr la paz con la guerrilla. Mientras todo esto ocurre, EE.UU. actúa con cautela y Panamá, no respondió a los llamados de Colombia ante la propuesta de la OEA.

Más que las comisiones de investigación que algunos proponen, por más bien intencionadas que parezcan, no solucionan nunca los conflictos, más bien los alargan y empeoran. Mucho más enérgica ha sido la demanda interpuesta ante La Haya en contra de Maduro y Cabello por parte del procurador general de la República de Colombia.

Mientras, continúan las imágenes dolorosas de la pobre gente sufrida, vemos con indignación e impotencia, la tolerancia y complicidad de la cúpula gubernamental del Gobierno bolivariano con el trato inhumano y la vulneración de la dignidad de miles de familias dignas colombianas.

La situación actual es crítica y la forma tradicional de abordarla insuficiente, ya no estamos frente a los usuales enfrentamientos a que nos acostumbraron años atrás los expresidentes Uribe y Chávez. Hoy, los grupos enfrentados de lado y lado de la frontera se han consolidado; pelean territorios por motivaciones económicas y rentas ilegales. Y, como es usual, quienes padecen son los débiles y más necesitados.

ABOGADO