Reforma penitenciaria, hacia un sistema penitenciario moderno

La Reforma Penitenciaria de Panamá inicia en el año 2011. Ha sido apoyada por organismos internacionales e impulsada bajo la administración gubernamental del 2014 al 2019. Se enfoca precisamente en mejorar las condiciones de privación de libertad de quienes se encuentran en los centros penitenciarios del país en diferentes aspectos. Uno de estos relacionado directamente con los programas de reinserción sociolaboral y educativos que hoy en día se ofrecen a las personas privadas de libertad y cuya participación ha aumentado considerablemente en los últimos años, específicamente de un 33 % a un 46 %. Estos programas, autorizados hoy en día por el juez de Cumplimiento, le brindan herramientas y conocimientos a quienes se benefician de los mismos para poder reinsertarse adecuadamente a la sociedad. Podemos mencionar algunos que fueron institucionalizados y que son considerados modelos regionales, tales como: Ecosólidos, IntegrArte, Mi silla primero, Sembrando paz – Reforestando vidas, Mi voz para tus ojos, Detrás del muro, y muchos otros, que inclusive han despertado el interés de instituciones y organizaciones no gubernamentales para crear convenios que hoy permiten la participación de las personas privadas de libertad en los programas intra y extramuros.

Otro eje fundamental de la Reforma fue la creación de la Ley de Carrera Penitenciaria, como parte de la profesionalización del recurso humano del Sistema Penitenciario, con miras a garantizar una gestión eficaz, eficiente y transparente. Una lucha del personal penitenciario por más de trece años y que fuera sancionada en el 2016. Esta Ley, 42 - 2016, brinda al personal técnico y operativo de la Dirección General del Sistema Penitenciario una oportunidad de acceder a un sistema de méritos e incentivos que les permitirá adquirir escalafones dentro del mismo, con los derechos y deberes inherentes al buen manejo y funcionamiento de la cosa pública y acorde con las exigencias modernas en materia penitenciaria. Garantiza el respeto a los derechos humanos de los funcionarios, de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

Su implementación es un reto que se debe continuar y mejorar; ya los organismos internacionales han señalado el incumplimiento de Panamá, por contar aún con policías brindando seguridad en los centros penitenciarios. Debemos reforzar y profesionalizar el cuerpo de custodios penitenciarios, para que ejerza la seguridad dinámica interna y externa de los centros penitenciarios, estableciendo mecanismos que combatan de frente día a día la corrupción y aplicando sanciones enérgicas a aquellas personas que dañan el trabajo bueno que se viene realizando.

Para lograr esto, debemos resaltar como aspecto importante la coordinación interinstitucional y relación entre el Sistema Penitenciario y el resto de las instituciones involucradas en la reinserción de las personas privadas de libertad, como actores determinantes del buen funcionamiento y aplicación de la Reforma Penitenciaria, todo esto en pro de garantizar y mejorar las condiciones de vida de ellas y el respeto a los derechos humanos, resaltando en todo momento la importancia de contar con un sistema que las reinserte adecuadamente.

La Reforma Penitenciaria no puede parar, debe convertirse en política pública, tomando en cuenta los criterios técnicos y no políticos, que le permitan continuar como el instrumento y la llave para la modernización del Sistema Penitenciario Panameño, asignando al Ministerio de Gobierno como regente principal del Sistema Penitenciario, pero también a los actores transversales, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Inadeh, Universidad de Panamá, Ministerio de Seguridad Pública, el presupuesto necesario para su implementación y mejora continua, ya que este costo representa una oportunidad y un beneficio directo en la seguridad del país.