Reformas al sistema de pensiones: una discusión pantanosa

El debate sobre las necesarias reformas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte ha avanzado en 100 días mucho más rápido que en la anterior década. Esto no necesariamente es una buena noticia.

La premura con la que el gobierno intenta presentar un proyecto de ley distorsiona el panorama. Aunque el debate sobre pensiones es integral, actualmente discutimos dos problemas: uno de corto plazo y uno de mediano plazo.

El problema de corto plazo es de carácter contable, legal y financiero. Durante 2023, el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) tuvo un resultado negativo de 848 millones de dólares antes de considerar los aportes del Estado. Esto es una consecuencia directa de la reforma de 2005, que al cerrar el sistema y enviar los nuevos cotizantes al Subsistema Mixto, erosiona la base de ingresos (cuotas de cotizantes activos) mientras se mantiene un aumento de los gastos (pago de pensiones a los que se jubilan). Por consiguiente, el problema tenderá a agravarse y los aportes del Estado, establecidos en la ley actual, son insuficientes y hasta irrisorios.

La Ley 51 establece que los fondos con superávit no pueden financiar a aquellos que tienen déficit. Por ello, los superávits del subsistema mixto no han podido transferirse a los cotizantes del SEBD. Ya que el Estado promulgó e instauró la Ley 51, causa directa del déficit del SEBD, parece lógico que sea el que más aporte ante este costo. Sin embargo, encontramos un restringido margen de acción por el deterioro de la situación fiscal. Debemos diseñar una fórmula para que el Estado haga frente al costo de transición, del que es principal responsable, sin que se dinamiten las finanzas públicas.

Por otro lado, el problema de mediano plazo es la suficiencia de las pensiones pagadas por el subsistema mixto. El informe de la OIT indica que las primeras pensiones normales de vejez de este subsistema se comenzarán a pagar alrededor de 2027. Además, añade que sus proyecciones arrojan tasas de reemplazo menores al 40 % para los jubilados de este subsistema. Como ejemplo, las personas que terminen su vida laboral con un salario de 1.000 dólares, estarán cobrando jubilaciones menores a 400 dólares. Estas pensiones de miseria se deben a la predominancia del componente de ahorro individual en este subsistema mixto.

El gobierno ha mezclado ambos problemas y parece mantener la pretensión absurda de resolverlos con un proyecto de ley que se apruebe en diciembre de este año. No hay posibilidad de que se tome una decisión integral y consensuada en tan poco tiempo.

El único modo de que ambos problemas se resuelvan simultáneamente es una reforma estructural que unifique los subsistemas y que garantice una verdadera suficiencia de las pensiones, sin excluir el necesario aporte del Estado a la solución. Una enorme cantidad de evidencia nos indica que las cuentas individuales no son el camino. Si se quieren garantizar pensiones suficientes, solo resta retornar al sistema solidario de manera completa, o bien, diseñar un sistema con un componente de beneficio definido sólido y predominante, y con un componente complementario, que no contravenga el carácter público de la institución, y que se base en rendimientos financieros y en una distribución colectiva de los riesgos.

Se debe dar un respiro al problema de corto plazo para emprender un proceso verdaderamente riguroso de discusión de reformas y diseño de la nueva ley. Cualquier solución basada en lo colectivo tendrá desafíos legales complejos. Por ejemplo, aunque parece inocuo, el argumento sobre la apropiación de los ahorros de los cotizantes en el escenario de eliminar el componente de ahorro individual, es un aspecto a tomar en cuenta, sobre todo en un país donde tiene preeminencia el formalismo legal y constitucional, y donde partidarios de las cuentas individuales pertenecen al poder económico.

Hay múltiples fórmulas que pueden emplearse, que aportarán una mayor sostenibilidad y que blindarán la reforma, sin que se tenga que recurrir a medidas paramétricas que empeoren la calidad de vida de los trabajadores. Lo que no se debe perder de vista es que la solución pasa por reivindicar lo colectivo.