Reordenar la cuestión social

El terremoto del 9 de octubre deja al descubierto y evidencia las inequidades sociales en los territorios. Ello sustenta una de las mayores crisis que ha experimentado el país en su historia, y representa un punto de inflexión que merece, por múltiples razones, reordenar la cuestión social. Se reitera la frase: “las crisis como una oportunidad”. Esto no significa negar el dolor, la confusión o el caos que provoca, sino entenderla como un punto de inflexión y un catalizador de transformación.

Hoy somos testigos de las limitadas posibilidades y de un claro reduccionismo de la institucionalidad social; una situación que, además, parecería superada por las acciones desordenadas de un conglomerado de auto-denominados influencers. Del mismo modo, persisten instituciones centradas en acciones de carácter paliativo. Dirán que se trata de ayudar; sin embargo, esa ayuda también requiere una lógica de planificación y análisis territorial, con enfoque de género y consideración de otras variables, que permitan construir una base diferenciadora, bajo la afirmación de que no todos los pobres ni todos los damnificados son iguales.

Por ello, se requiere con carácter urgente un reordenamiento de la cuestión social. Esto implica migrar hacia un modelo de interlocución ministerial, en el marco del diseño y consolidación de un sistema de protección social.

Por ejemplo, ¿cómo se ubica el IPM de las zonas afectadas y, en proyección, cómo estima el cálculo de las privaciones y la profundidad de estas? Desde una perspectiva más amplia, se trata de promover una idea de bienestar amplio e integral, pero sobre todo centrado en las personas, sin distinción de sexo, etnia, creencias o condiciones específicas (PNUD/MIDES, 2020). Otra mirada remite a la identificación de las privaciones en las poblaciones que limitan su autorrealización y restan el acceso a oportunidades.

Por su parte, las consideraciones sobre la desigualdad social en Panamá —a pesar de ser una de las economías con mayor dinamismo en la región— muestran que el país es uno de los más desiguales de la región. “Panamá es hoy uno de los tres países con mayor renta per cápita en paridad de poder adquisitivo de la región y considerados países de ingreso alto (siendo los otros Chile y Uruguay). Sin embargo, este notable progreso económico no se ha reflejado en la misma medida en logros sociales” (BID, 2019).

Desde las conceptualizaciones del significado de la condición de pobreza y desigualdad, surge la pregunta: ¿qué significa ser pobre? ¿Y qué carácter adquiere la condición de desigualdad desde una perspectiva étnica o territorial? Han sido múltiples los intentos desde el ámbito gubernamental para disminuir la población en ambas condiciones. Los esfuerzos se han concentrado principalmente en modalidades de inversión pública y en políticas públicas con estrategias y acciones de intervención bajo enfoques de focalización: por una parte, la transferencia de ingresos a poblaciones con determinadas características, como personas desocupadas, no empleables o informales; personas con discapacidad severa y pobreza extrema; población adulta mayor sin empleo ni pensión o jubilación, y sin seguridad social; así como niños, niñas y personas adolescentes. La definición de los factores de diseño e inclusión puede determinar la posición que los pobres ocupan en la agenda institucional.

Lo anterior ha significado grandes esfuerzos institucionales y recursos económicos, con resultados limitados en distintos momentos, pese a la escasez o a la falta de impacto sostenido en la disminución de las personas en condiciones de pobreza y desigualdad. El alcance limitado de algunas políticas sociales, programas, estrategias y/o acciones con enfoque tradicionalmente fallidos en la región ha dado paso a nuevas formas de intervención. Así, “los Sistemas de Protección emergen como garantía de derechos humanos. Corresponden a un conjunto de políticas públicas cuyo objetivo es garantizar las necesidades básicas de las personas para protegerlas contra la incertidumbre y los riesgos a los que se ven expuestos a lo largo de su vida.” (CEPAL, 2020).

De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, “la protección social se orienta a garantizar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal, servicios sociales (como salud, educación, agua y saneamiento), vivienda, políticas de inclusión laboral y trabajo decente. Se trata de resguardar el ejercicio de derechos, asegurar el bienestar presente y futuro y garantizar una vida digna a todos los ciudadanos” (CEPAL, 2020).

Desde la multidimensionalidad de la pobreza como concepto, método y técnica, se plantea una nueva forma de encarar sus diversas expresiones en las personas. Además, considerando la desigualdad y sus matices: desde las mediciones del índice de Gini —como forma tradicional— hasta enfoques más sociales, inclusivos y territoriales, se demanda la emergencia de nuevas acciones con mayor eficacia, con carácter de trascendencia gubernamental, enfoque diferenciado y alcance que abarque desde el diseño hasta su intervención.

Es oportuno diseñar e implementar un sistema de protección social dirigido al combate de la pobreza y la desigualdad. Al considerar la diversidad de intervenciones existentes con distintos enfoques y alcances poblacionales, las vertientes tradicionales —contributivas y no contributivas— plantean un elemento fundamental: una parte importante de la población depende de sistemas no contributivos para paliar la pobreza y compensar las exclusiones del mercado laboral.

Por ejemplo, acciones como el “empaquetamiento de servicios e intervenciones” bajo la premisa de mediciones territoriales y caracterización social representan una oportunidad valiosa para reestructurar y maximizar los recursos existentes. Para ello es necesario una plataforma sólida institucional de datos estadísticos, que sustente un modelo de gobernanza estadística en la cuestión social.

A partir de lo anterior, un elemento clave se vincula con los avances del país hacia la consolidación de un sistema único de beneficiarios, que permita identificar: ¿quiénes son?, ¿cuántos son? y ¿qué intervención se les brinda?. La suma de otros aspectos permite que la implementación de un sistema de protección social cuente con herramientas de seguimiento y evaluación, aumentando la eficacia en el uso de los recursos institucionales e impactando a las poblaciones en función de sus condiciones objetivas.

Todo esto conlleva un replanteamiento de la política social en términos de un reordenamiento que considere la dispersión institucional entre programas, estrategias y acciones existentes. En este sentido, el sistema de protección social funciona como una síntesis de las intervenciones del Estado, con enfoque multisectorial, orientado a encarar las diversidades que adquieren la pobreza y la desigualdad, para garantizar los derechos humanos de todas las personas que han quedado atrás.