Representantes y representados, ¿cuáles son sus prioridades?

¿Están alineados las prioridades de los diputados de la Asamblea Nacional y los principales problemas de la ciudadanía? Esta pregunta cobra importancia en un contexto donde ha crecido la desconfianza hacia los partidos políticos y el apoyo a la democracia sigue sin ser mayoritario.

Gracias a la encuesta Ciudadanía y Derechos 2025 del CIEPS —realizada bienalmente desde el 2019— y el Estudio de Élites Parlamentarias 2025 (PELA-USAL) es posible hacer una comparación entre ambos actores, aunque no sea una comparación estrictamente equivalente. Este análisis busca comprender narrativas y dar forma a los problemas que más inquietan a la ciudadanía y a sus representantes.

La encuesta de Ciudadanía y Derechos incluye la pregunta: ¿Cuál es el principal problema que afecta al país? En 2025, los tres principales problemas señalados por la ciudadanía fueron: corrupción, desempleo e inflación/costo de vida, todos vinculados a la vida cotidiana. La corrupción, en particular, ha sido señalada como el problema principal desde 2021 y este año alcanzó su punto más alto desde que se realiza la encuesta (37 % de las personas eligió este como el principal problema), superando el récord anterior de la inseguridad en 2019 (27,5 %).

Este énfasis en la corrupción puede explicar por varios factores: escándalos durante la gestión de la pandemia, auge del movimiento independiente con discurso fiscalizador y la creciente desconfianza hacia los actores políticos tradicionales.

El desempleo, aunque ha disminuido en los últimos años, no ha recuperado los niveles de 2019 y se asemeja a los valores del 2005, previos al boom económico del 2008. Según el Banco Mundial, la inflación ha tenido una tendencia descendente desde el 2022, en contexto de la reactivación económica pospandémica. Sin embargo, la ciudadanía lo ve de una manera diferente, posiblemente porque, aunque los precios fluctúen, los ingresos están estancados.

Este desfase entre percepción y realidad puede verse afectado por experiencias personales, narrativas mediáticas o factores emocionales. Además, la calidad del empleo, la informalidad, la inflación percibida en bienes esenciales, la desigualdad o el “Malaise económico”, donde, incluso en contextos de recuperación no se sienten mejoras tangibles, alimentan este pensamiento. De esta manera, estos tres problemas están fuertemente entrelazados. Parece ser que cuando hay una alta percepción de corrupción, se crea un ambiente de pesimismo en la sociedad, lo que profundiza aún más la percepción negativa de los otros problemas.

En contraste, en el Estudio de Élites Parlamentarias se les pide a los diputados otorgar una valoración de importancia del 1 al 10 sobre diferentes problemas. Los tres problemas con mayor media fueron los siguientes: narcotráfico, conflicto entre poderes del estado y conflictos con la explotación o extracción de recursos, todos de carácter más institucional.

Aunque a primera vista podría parecer que hay desconexión, la situación cambia cuando observamos los pequeños detalles. Primero, es necesario señalar que no se hacen las mismas preguntas a los dos grupos, lo que genera una limitación. Dicha barrera pone en realce un espacio de mejora en el campo de las investigaciones de opinión pública de nuestro país, esencialmente cuando se trata la vinculación entre demandas y acciones.

Por otro lado, es necesario matizar que, aunque los tres principales problemas de la ciudadanía cuentan también con una valoración de importante o muy importante por parte de los representantes, sus medias son inferiores a las asignadas a los tres temas prioritarios por los diputados. En esta línea, es importante señalar que ninguno de los problemas preguntados a los diputados tuvo una valoración de poco importante, es decir, que no existe un problema que resalte o pueda entenderse como el “más importante”.

Para poder entender los motivos de esta falsa desconexión, es importante señalar por qué existe este desfase.

Es muy posible que los diputados, en su rol institucional, otorguen más importancia a cuestiones más cercanas al gobierno, en el marco de una creciente erosión de la división de poderes del Estado, las pasadas manifestaciones en contra de la mina (que fueron el movimiento social más grande de Panamá desde el regreso a la democracia) y el aumento del uso del Istmo para distribuir narcóticos. En este sentido, los representantes otorgan más relevancia a cuestiones más ligadas a la gobernabilidad y política, más que las preocupaciones del día a día.

En conclusión, la comparación entre gobierno y ciudadanía revela tanto coincidencias en cuestiones como la corrupción y divergencias entre lo cotidiano y lo institucional. Estas prioridades reflejan diferencias entre experiencias, roles y expectativas.

Más que a señalar la brecha que existe, este análisis apunta a la necesidad de establecer espacios de diálogo entre las demandas sociales y los roles institucionales. Comprender por qué cada grupo tiene un problema como prioritario es el primer paso para mejorar la representación y fortalecer la democracia, por lo que avanzar en esta área debería ser el nuevo punto de coincidencia entre los gobernantes y los gobernados.