El reto de la ministra de Educación

En los últimos años se han popularizado los temas transversales y su justificación en el currículo escolar. Los temas transversales hacen referencia a contenidos culturales básicos, relacionados con el momento actual y que son necesarios para que los alumnos adquieran una formación más completa. Dada la importancia de estos temas, deben ser tratados en todos los niveles educativos, para procurar una adecuada progresión en su asimilación. La educación ambiental integra el grupo de los llamados temas transversales, cuyo rasgo más importante es precisamente la transversalidad, lo que significa que recorren e impregnan todo el currículo y deben estar presentes en acciones y situaciones concretas que se creen dentro del medio escolar.

En 1992 se expidió la Ley 10, por la cual se adopta la educación ambiental como una estrategia nacional para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente. Esta ley establece que se debe incluir el contenido del enfoque ambiental en los programas de estudio de las escuelas e incluso en las universidades. Sin embargo, en cuanto a la Educación Ambiental formal, competencia del Ministerio de Educación, MEDUCA, se hace muy poco. Prueba de ello es que el 24 de junio del 2014 la Ley 10 de 1992 cumplió 22 años de vigencia y el MEDUCA no ha podido hasta ahora diseñar una estrategia dirigida a insertar la Educación Ambiental formal en el currículo educativo.

La Ley 10 de 1992 fue derogada por la Ley 38 de 2 de diciembre de 2014, que establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión Integral de riesgo de desastres. Esta nueva ley es casi un duplicado de la Ley 10 de 1992, con la diferencia que incluye un tema muy importante como es la gestión integral de riesgo de desastres, con lo cual se pretende preparar a los estudiantes para hacerle frente a los desastres naturales.

Es un hecho incontrovertible que el MEDUCA no ha podido hasta ahora diseñar una estrategia dirigida a insertar la educación ambiental formal en el currículo educativo, lo que constituye un fracaso de la Ley 10 de 1992. O debemos pensar que los ministros que han ocupado el cargo no creen en la educación ambiental.

En abril de 2012, en mi condición de presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente, me presenté en el MEDUCA a solicitar una cita con la entonces ministra Lucy Molinar, para que autorizara la constitución de Clubes Ambientales en las escuelas. Me atendió una secretaria (le expliqué brevemente el propósito de mi visita), quien después de todas las consultas regresó para decirme que la ministra no estaba autorizando ese tipo de actividades porque eran pérdida de clases.

También me presenté en la Dirección de Educación Ambiental, en donde fui atendido por una funcionaria (que en ese momento estaba encargada de la oficina) a quien le expliqué la razón mi visita. Y para mi sorpresa, me manifestó que el MEDUCA no tenía aprobada la constitución de Clubes Ambientales, pero tenían otros programas como el de Bandera Azul Ecológica y el Cuerpo de Orden y Disciplina (COD). Lo absurdo de su respuesta se debe a que Bandera Azul Ecológica era en ese entonces un programa del Despacho de la Primera Dama, pero el COD no tiene nada que ver con educación ambiental.

Insertar la educación ambiental formal, de por sí es difícil, tomando en cuenta que tiene que haber un cambio de actitud de las autoridades, los educadores y los funcionarios administrativos del MEDUCA.

La ministra de Educación, Marcela de Paredes, tiene un gran reto por delante, pues por mucho que quiera avanzar en este tema, se va a encontrar con tres grandes obstáculos: 1. En Panamá las autoridades no creen en la educación ambiental, porque es un proceso que puede durar años, lo que hace más difícil la obtención de los recursos económicos para su implementación; 2. Los educadores son los primeros que se oponen a la educación ambiental transversal, porque representa más trabajo para ellos; y 3. La transversalidad implica que todos los educadores tienen que dominar el tema ambiental, lo que significa que el Estado tiene que capacitar y sensibilizarlos.

Mientras en Panamá no se establezca la educación ambiental como eje transversal en el sistema educativo, en 20 años nuestros hijos y nietos estarán cargando con los mismos problemas ambientales de hoy, y peores, si desde ya no se toman las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

*Presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente.