Revolcón presupuestario

Pretender que lo acontecido en Panamá, a partir de la absurda imposición del contrato ley minero y las consecuencias que ha tenido y seguirá teniendo en la vida política, económica y social del país, permitirá seguir haciendo todo igual, revelaría una incapacidad inaceptable como sociedad.

Uno de los retos más grandes que tenemos los panameños – todos – es comprender la magnitud y profundidad de la indignación nacional.

A quien le corresponde, primero, medir el calado de la explosión, interpretar el clamor popular y liderar las transformaciones de fondo que el país exige es, lamentablemente, a quien no tuvo la capacidad de anticiparla, pero, así funciona la democracia: al gobierno nacional. ¡La realidad cambió!

Por ello, los primeros hechos concretos, para abrir las posibilidades de transformaciones reales en materia de políticas públicas, deberá darlos la administración Cortizo-Carrizo a través del presupuesto general del Estado para el 2024.

La coyuntura de estas protestas e indignación coincidió con que la Asamblea Nacional dejó vencer el periodo ordinario de sesiones, sin concluir el rechazo o aprobación del presupuesto. ¡Por supuesto, estaban en otras cosas!

¿En qué estaban? La Comisión de Presupuesto, que rige su sempiterno presidente, el diputado Benicio Robinson, estaba jugando a aumentar el presupuesto. Un presupuesto, que como ya he explicado, tenía un escandaloso aumento de 5,500 millones de dólares.

Por medio de resolución, la Comisión Robinson, con el voto en contra del diputado independiente Juan Diego Vásquez, solicitó un incremento de 780 millones de dólares.

Solo como apostilla, entre lo más llamativo, 147 millones de dólares para el ministerio de Economía y Finanzas; 54 millones para la Autoridad Nacional de Descentralización (clientelismo y politiquería); 79,3 millones para Pandeportes; 22, 6 millones para el Instituto de Mercadeo Agropecuario; 6,8 millones para la Dirección de Asistencia Social (DAS) del ministerio de la Presidencia y otros tantos más.

Esa resolución ya fue enviada al Órgano Ejecutivo para su evaluación, por conducto del ministerio de Economía y Finanzas, y está pendiente de pronunciamiento.

El ministro Alexander, después de un silencio imperdonable de treinta días, ha señalado recientemente que el presupuesto se está evaluando y que lo que puede decir es que “será de un monto menor que el llevado a la Asamblea”. Considero, que lo correcto habría sido decir, menor al vigente (2023).

Si bien, pareciera que hay señales que el gobierno empieza a entender lo que tiene entre manos, hay mensajes que serían mucho más oportunos, lo cual indicaría tanto al país, como internacionalmente, que se comprende la magnitud de la situación.

Se hace imperioso, lo siguiente, primero, anunciar el rechazo por parte del Ejecutivo de la solicitud de la Asamblea de aumento del presupuesto; segundo, anunciar una clara hoja de ruta para su aprobación conforme lo dispone la Constitución, lo que requeriría sesiones extraordinarias de la Asamblea; tercero, expresar públicamente que el Ejecutivo no está contemplando hacer una jugarreta que les permita aplicar el proyecto de presupuesto (ni el que está en la Asamblea, ni el que están ajustando) sin someterlo a la Asamblea con el debido tiempo para análisis de la ciudadanía; cuarto, una transparente hoja de ruta para el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y, por ende, del límite de déficit permitido; mecanismos de financiamiento para cubrir los vencimientos e intereses de servicio a la deuda.

Adicionalmente, está el tema de las normas de ejecución presupuestaria, que no estaban en el proyecto presentado por el Ejecutivo, que se ha dicho dará sus razones, pero hasta el momento no se conoce con claridad cuál es la explicación coherente, si existe.

Este presupuesto pendiente de aprobación solo podrá ser ejecutado en un 50% por esta administración que termina en julio. Actuar con responsabilidad, implica no dejar una situación inviable al nuevo gobierno que iniciará en julio de 2024.

Panamá, vive un momento muy delicado y el gobierno nacional, está obligado a dar un revolcón al presupuesto general del Estado, no lo podrá dar si no es transparente, demuestra altura de miras, asume los sacrificios que exige el momento y busca el apoyo de la ciudadanía para que la Asamblea Nacional proceda como no lo ha hecho hasta ahora.