A salud mercantilizada, sistema único autonomizado

En reciente gira académica que hicimos al occidente del país con estudiantes de Medicina y de Psicología de nuestra primera casa de estudios, nos tocó visitar dos veces un establecimiento de servicios públicos, localizado cerca del lugar donde nos hospedábamos.

La primera visita fue para recibir orientaciones sobre su funcionamiento, población y problemas que atiende. La segunda visita, en horas nocturnas, fue en calidad de pacientes (dos personas del grupo se enfermaron).

En la segunda visita, se pudo confirmar las falencias observadas durante el día. Por ejemplo, el tema del desabastecimiento, ya que luego de tener un diagnóstico, el médico preguntó a la enfermera por varios medicamentos para recetarlos, ninguno de los cuales había en existencia en la farmacia de la unidad de servicios.

Si lo dicho antes, lo contrastamos con la buena fama que tenía este establecimiento —con no más de cinco años de estar funcionando— hasta hace unos meses atrás, se hace evidente lo que precisamente hemos visto en nuestras clases con estos mismos estudiantes: un deterioro cínicamente provocado en los establecimientos públicos. Con lo cual se busca justificar la mercantilización de la salud, a través de la privatización de los servicios.

Pues bien, en esa ruta de deteriorar los servicios para instaurar su mercantilización, la junta directiva de la CSS, en pleno, modificó el reglamento de prestaciones y servicios de salud, donde aprobó la suma tope para que asegurados realicen tratamientos e intervenciones quirúrgicas en el sector privado, hasta por 50 mil dólares.

En un acto de ingenuidad —quiero pensar eso y no que hay complicidad consciente con corrupción— los directivos representantes de los trabajadores de los sectores privado y público de la CSS, acordaron apoyar tal medida, porque formulaba como condición, que solo se haría ‘siempre y cuando haya ausencia temporal o absoluta del servicio o cuando la demanda supere la capacidad de la CSS'.

Si invocamos lo experimentado por mis estudiantes y los docentes que los acompañamos en la gira mencionada anteriormente, experiencia que se repite en casi el 100 % de los establecimientos públicos de salud, cabe esperar que siempre habrá ausencia del servicio en las unidades públicas; resultando así la ‘necesidad' creada artificialmente de contratar servicios en el sector privado.

Se sabe que el año pasado, bajo la administración del Dr. Martiz, las cuatro grandes empresas hospitalarias de la ciudad de Panamá se distribuyeron unos 10 millones de dólares gracias a la ‘externalización' —eufemismo empleado para denominar la privatización— de servicios ‘requeridos' por la CSS para aliviar la ‘mora quirúrgica'.

Estos hechos, obviamente, no son una novedad, ya en el período 2010-2014, su director Guillermo Sáez Llorens, con la complicidad de los miembros de la Junta Directiva de la CSS, hizo que la misma pagara a empresas privadas más de 273 millones de dólares por servicios como la atención a pacientes de hemodiálisis, el innecesario programa de ‘paciente encamado' y otros, aun cuando el artículo 70 de la Ley No. 51 de diciembre de 2005, que rige la institución, lo prohíbe.

Pues bien, si los servicios se han deteriorado de forma calculada y sistemática por los grupos económicos en el poder desde el año 1990, a través de sus distintas expresiones partidarias —llámense Arnulfista, Cambio Democrático o PRD—, deterioro que no expresa otra cosa sino la condición material para ejecutar la inserción de la atención de salud en la lógica del mercado.

Si, además, cabe esperar que los Gobiernos venideros saldrán de estos mismos grupos económicos y políticos que se han sucedido desde 1990 y si una y otra vez, las formas de gobernanza y gestión en las entidades que atienden la salud pública, obedecen a los sujetos mercantilizadores de la salud que las controlan, solo cabe como vía de superación de este escenario la instauración de una entidad nueva que se convierta en el Sistema Único de Salud.

Esta entidad distinta a lo que existe, asumiría todos los servicios de atención de salud del sector público —CSS y Minsa— con dos características que le permitan distanciarse de los amarres que tienen los grupos mercantilizadores sobre la salud pública: 1) autonomía financiera —no depender de criterios presupuestarios del Gobierno central, sino teniendo sus propias fuentes de financiación, contributivas e impuestos—, y 2) autonomía en su gobernanza —que pasa por la escogencia colegiada de sus directores, por sectores organizados de trabajadores y usuarios de los servicios y no por el presidente.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.