La seguridad jurídica y los índices internacionales

La seguridad jurídica de Panamá es actualmente un tema de relevancia, mucho se ha dicho acerca de las deficiencias de nuestro sistema judicial y las afectaciones que esto provoca a la economía nacional, en este sentido vale la pena revisar los índices publicados a nivel internacional y lo reportado por las organizaciones responsables de estas publicaciones.

La Fundación Heritage publica el índice de libertad económica, el cual busca medir el nivel de libertad de mercado que una nación posee. Este índice se basa en la medición de 12 indicadores; los cuales son divididos en 4 categorías, siendo estas: tamaño del Gobierno, eficiencia regulatoria, apertura de mercados y Estado de derecho. En el presente artículo nos enfocaremos en la última categoría, la cual abarca tres indicadores, que, en el caso de Panamá, para el año 2022 ha sido calificado de la siguiente manera: derechos de propiedad (58.8), integridad de Gobierno (38.0) y eficiencia judicial (50.7), ciertamente estas mediciones son preocupantes, tomando en cuenta que la calificación máxima es 100 y que la propia fundación ha comentado: “El sistema judicial del país está plagado de corrupción e ineficiencia. Las cortes están saturadas, no cuentan con fondos suficientes, carecen de personal calificado y tecnología”.

Por otra parte, el Foro Económico Mundial (FEM) es el encargado de publicar el Índice de Competitividad Global, el cual es un reporte en el que se evalúa la capacidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Este índice mide 12 pilares, entre los cuales se encuentra la institucionalidad, que a su vez abarca el indicador de la Independencia Judicial. En el último reporte brindado por el FEM para Panamá se señala, con respecto al indicador de Independencia Judicial, que el Istmo se encuentra en la posición número 120 de 133 países, esto nos muestra una situación alarmante para la nación.

Teniendo en cuenta que la seguridad jurídica se define como “el principio general del derecho que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones”, se puede deducir por parte de los estudios precitados que en relación a Panamá existe una incertidumbre en cuanto a la certeza que se puede tener de las consecuencias jurídicas producidas por distintos hechos, dicha incertidumbre impacta negativamente en el ambiente de los negocios, el cual requiere un alto nivel de seguridad jurídica para poder atraer inversiones. Esto es debido a que solo cuando se establecen normas claras y se exige su cumplimiento es allí cuando se puede dar el verdadero desarrollo económico.

Algunas personas suelen ser escépticas de los índices económicos internacionales y por lo tanto cuestionan algunos de los resultados presentados. No obstante, lo anterior, considero que, por esa razón, resulta conveniente revisar el estudio publicado por el World Justice Project para el año 2022 y que se basa en la encuesta de 2502 ciudadanos panameños a través de entrevistas cara a cara. El estudio fue diseñado para capturar las experiencias y percepciones de las personas ordinarias con respecto a temas relacionados al Estado de derecho. En el estudio en mención se indica que solo el 33 % de los encuestados confía en los fiscales y el 28 % en los jueces y magistrados. A pesar de esto, el estudio señala que Panamá ha mostrado leves mejorías en estas encuestas en comparación con el año 2019; de igual forma, la Fundación Heritage señala que sus resultados muestran ciertas mejorías, aunque los niveles siguen estando muy por debajo de lo que es considerado un resultado ideal.

Lo anterior nos muestra que el sistema judicial panameño no solo tiene un gran trabajo por hacer para repuntar en los índices internacionales, sino también para recuperar la confianza de los ciudadanos panameños, que parecen haber perdido la seguridad de recibir justicia por parte de sus propias instituciones.

La seguridad jurídica es una tarea estatal, toda vez que es inherente a la existencia del propio Estado, en vista de que la vida del ser humano está rodeada de peligros e incertidumbre, por lo que la creación del Estado se da con la finalidad de disminuir aquellos riesgos y poder así encontrar paz en un Estado de derecho en el que se pueda también procurar el desarrollo humano y es que el éxito de la civilización occidental radica en el reconocimiento de las libertades individuales, pero aquel reconocimiento demanda la necesidad de cumplir con la tutela de derechos. Vale así la pena citar al jurista Norbert Losing, quien alega: “La seguridad jurídica es una garantía de la libertad dentro de una sociedad. La libertad exige además la confiabilidad del ordenamiento jurídico. Porque la libertad significa, sobre todo, la posibilidad de conformar la vida según los propios proyectos”.