• 17/02/2022 00:00

Servidor público o asalariado político

“La mala comunicación, la falta de transparencia y el poco importa de algunos funcionarios, son titulares de redes sociales, que deben ser lectura obligada del Gobierno nacional […]”

El trabajar en la cosa pública es un reto que demanda sacrificio, compromiso, objetividad y empatía de todos los funcionarios, desde la máxima jerarquía (presidente, ministros, administradores y directores), así como desde los mandos medios y el trabajador común.

Pero los procesos burocráticos, leyes y decretos mal concebidos y una constante violación a las normas constitucionales, dejan claro que el funcionamiento de la cosa pública necesita una reingeniería desde su génesis.

Queda claro que la actual administración Cortizo-Carrizo no escapa a la ineptitud de funcionarios que creen que su labor en Gobierno es un favor al ciudadano y en 62 meses de Gobierno PRD-Molirena (por decir algo), diversos cargos le han quedado grandes a muchos políticos criollos y egresados de universidades particulares y extranjeras.

Pero la oposición no se escapa a la ineptitud y es que aquellos políticos que gobernaron, hoy, como miembros del Legislativo o de la dirigencia partidista, creen tener la solución a todos los problemas del país, pero nunca lo implementaron en su mandato, tal vez por tiempo o, mejor dicho, por costo político.

Hoy en día, las redes sociales se han convertido en juzgados públicos, porque en ellas se publican desde problemas comunitarios, hasta casos de alto perfil, donde el común denominador es la ausencia de las autoridades gubernamentales, sea del Ejecutivo o del Judicial.

Si se hiciera un “ranking” de la ausencia de funcionarios, ventilados en redes sociales, la encabeza el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, seguido por el Idaan, Meduca, CSS, Minsa, los escándalos en la Lotería Nacional de Beneficencia, los escándalos de la Asamblea Nacional, el matrimonio Ministerio de Seguridad y Policía Nacional, el Ministerio Público con la selectividad, Órgano Judicial con la mora en fallos a “Habeas Data” y demandas de inconstitucionalidad, y ahora los escandalosos montos de gastos de movilización de algunos alcaldes y representantes.

En fin, Panamá vive de escándalos políticos por una mala gestión administrativa. Pero ¿quiénes son los responsables? Algunos políticos y autoproclamados voceros ciudadanos responsabilizan a la falta de valores éticos dentro del electorado, que se convierte en una mala elección al momento de emitir el voto y elegir a sus alcaldes, representantes, diputados y presidente.

Para mejorar la actual crisis de valores entre los funcionarios se debe trabajar en la actitud del empleado gubernamental, hacerle entender que su posición no es un regalo por hacer campaña política o un favor que hace al contribuyente que atiende cuando este realiza un trámite.

Y no es traer la metodología de la empresa privada al sector público, ¡no!, es simplemente cumplir el reglamento interno de las instituciones, ejecutar lo que dicta la ley que crea la institución para la que labora y tratar al contribuyente con dignidad.

Pero comprendo que es difícil que un funcionario trabaje al 100 % pegado al reglamento interno o la ley que crea la institución, cuando quienes deben dar el ejemplo, sus jefes (ministros, viceministros, secretario general o directores), son los primero en quebrantar las normas.

Al final, para evitar tener ministros, viceministros, administradores y directores que den un mal ejemplo al funcionario, el electorado debe aprehender a elegir en base a conocimiento, experiencia y profesionalismo, en vez del clásico “pan para hoy y hambre para mañana”.

Con lo escrito no quiero decir que todos los nombramientos realizados por el presidente Cortizo Cohen estuvieron mal o que sus ministros son unos ineptos, pero debemos ser honestos, la percepción que se siente día a día de nuestras autoridades es que estamos mal.

La mala comunicación, la falta de transparencia y el poco importa de algunos funcionarios, son titulares de redes sociales, que deben ser lectura obligada del Gobierno nacional, para hacer los cambios reales en mejora al servicio que los funcionarios deben dar al ciudadano.

Comunicador digital, autodidacta y miembro del PRD.
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