La educación sexual y el futuro de los jóvenes en Panamá

Al finalizar el periodo que la comisión de la Asamblea de Diputados había dispuesto para la consulta ciudadana en torno al proyecto de ley 61, ‘por la cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud’, que se refiere a temas de salud sexual y reproductiva, se ha generado un debate versado en conceptos médicos, epidemiológicos, bióticos y legales. Parece que hoy ante la revolución del conocimiento y los derechos humanos de segunda generación, adquiere relevancia la autonomía del hombre y de las mujeres en torno a sus opciones, identidad y ética. Prueba de ello se advierte en el contexto de la última encuesta de opinión, que muestra que el 73% de los jóvenes panameños están de acuerdo con el proyecto mencionado.

El nuevo modelo de educación sexual para las escuelas secundarias de todo el país, después de la última experiencia que fracasó en el 2008, deberá orientar una política de tolerancia desde el enfoque de los Derechos Humanos, que incluya contenidos sobre trata de personas, discriminación, diversidad sexual y violencia de género. Así los contenidos programáticos deberían apuntar a ‘discutir estereotipos arraigados en la sociedad’. No hay que dudar que la escuela no sea una zona libre de discriminación . Estamos discutiendo sobre estereotipos que tienen dos mil años y están en el ADN de la sociedad. El proyecto constituye una herramienta eficaz para contribuir a reducir drásticamente entre otros problemas de salud pública la cantidad de muertes maternas que se dan anualmente. En nuestro país la tasa de mortalidad de mujeres fue de 60 por cada 100 mil en el 2014, mientras que en las zonas indígenas fueron de 250, según las últimas cifras publicadas por el INEC, tasa todavía muy alejada del objetivo del milenio de 1,3 por cada 100 mil que nuestro país se comprometió en cumplir.

En nuestro país, según datos del Instituto de Estadística y Censo del 2010, de la Contraloría General de la República, reflejan que por lo menos el 75% de los niños que nacen anualmente en Panamá ‘lo hacen fuera de una unión estable’. Una de cada cinco embarazadas es una adolescente; el 70% de los padres de esas criaturas es mayor de 20 años de edad. Estas cifras muestran que 12 adolescentes a los 12 años ya tienen dos hijos o hijas, 108 adolescentes a los 14 años ya tienen cuatro hijos, y no se puede saber cuántas veces han tenido relaciones sexuales expuestas al riesgo, de contraer el virus del papiloma humano que es la causa de más del 90% de los casos de cáncer cérvico uterino; contagiarse con el VIH-SIDA , que es la tercera causa de muerte de jóvenes de 15 a 24 años; entre otros tipos de enfermedades de transmisión sexual. Esto constituye un problema de salud pública, falta de igualdad y justicia social, y una vulneración de los Derechos Humanos, tema y objetivo central de los tratados internacionales que Panamá ha firmado y ratificado. Por todo esto, denunciamos que el derecho a una educación integral en sexualidad y salud reproductiva es una deuda política de la democracia de nuestro país.

Más allá de la expectativa generada ante los posibles cambios, lo que se propone es devolver el derecho a la dignidad por la vía de la Educación Integral en Sexualidad (EIS). La información estadística sobre la vida cotidiana de víctimas de violencia de género y grupos de la diversidad sexual, los derechos civiles de los que tienen una opción sexual distinta, ha llevado incluso al Sínodo de Obispos que se celebra estos días en el Vaticano a señalar que, en la actualidad, la familia se enfrenta a dificultades derivadas de la crisis económica pero también provocadas por los medios de comunicación que ‘a veces proponen modelos que inducen al adulterio’, y una visión estigmatiza en la conciencia y la identidad.

Mucho se ha debatido sobre algunos temas tabúes que no son objeto pedagógico sino valoraciones propias de las familias. Pero es que no nos estamos dando cuenta de lo que están reflejando los estudios sobre estos aspectos. Pero no solo esos estudios muestran la cruda realidad del problema, sino observemos el debate sincero que el Sínodo de Obispos llevó a cabo sobre el papel de la familia en este siglo del conocimiento. Demos una oportunidad para que por la vía de la educación junta lograr lo que acertadamente propugnan los Objetivos del Milenio de lograr reducir la mortalidad materna y la equidad de género respetando la diversidad sexual.

*DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL CANAL DE PANAMÁ