En días pasados, durante una entrevista con FOX News en Español, tuve la oportunidad de hablar sobre un problema que amenaza el presente y futuro de las naciones americanas: el avance del crimen organizado en todas sus formas. La conversación me dejó con la convicción de que debemos seguir abordando este asunto sin rodeos. No estamos ante una sucesión de episodios aislados de violencia, sino frente a organizaciones que han convertido el narcotráfico, la extorsión y el terror en instrumentos de poder.
Para entender lo que eso significa basta pensar en una familia que ya no puede salir tranquila de su casa, o en el dueño de una tienda que tiene que entregar parte de sus ingresos a una pandilla para poder trabajar. Cuando los criminales deciden quién puede circular, abrir un negocio o permanecer en su barrio, la libertad deja de ser una realidad para sus habitantes y cuando esa situación se prolonga, no solo sufren las víctimas directas, sino también la economía, la confianza en las instituciones y la democracia misma. A un país no se le puede pedir que prospere mientras sus ciudadanos viven pendientes de la próxima amenaza.
En Ecuador, por ejemplo, la expansión de redes vinculadas al narcotráfico ha alcanzado a Quito. Un reciente reportaje de Reuters explica cómo estas organizaciones utilizan la ciudad para almacenar y trasladar droga y, al mismo tiempo, buscan establecerse en sus barrios mediante el microtráfico. Frente a ello, el gobierno de Daniel Noboa ha respondido con fuerzas policiales y militares para recuperar el terreno que estos criminales pretenden arrebatar al Estado y, por ende, a los ciudadanos. Pero la experiencia ecuatoriana también deja una advertencia. Cuando una banda es perseguida, puede dividirse, buscar otros barrios o trasladar sus operaciones. Por eso las acciones aisladas no bastan. La presión debe mantenerse sobre sus integrantes, sus fuentes de financiación y sus colaboradores, dentro y fuera del país. De lo contrario, corremos el riesgo de desplazar el problema en lugar de resolverlo. En ese sentido, El Salvador ofrece una lección distinta, pero complementaria. El presidente Nayib Bukele decidió poner fin al dominio que las maras ejercían sobre la vida de los salvadoreños y emprendió una política de seguridad y control penitenciario que ha reducido, drásticamente, la violencia y la inseguridad. Ante esta realidad, es entendible que otros gobiernos quieran estudiar esa experiencia, -tal y como ha sido el caso con las mandatarias de Costa Rica primero y, más recientemente, de la peruana a El Salvador-, buscando soluciones frente a este problema que también afecta a sus países.
Sin embargo, esa búsqueda, no debe ser para construir una cárcel semejante a la existente en El Salvador. Lo que debe buscarse es una solución real y legal para recuperar el control de los territorios e impedir que los líderes criminales sigan dirigiendo sus organizaciones desde prisión. Sin duda, cada país tendrá que aplicar las medidas que correspondan a su realidad, pero todos necesitan la misma determinación: dejar claro que la autoridad pertenece al Estado y no a quienes imponen sus reglas a punta de pistola. Aquí llegamos a un punto fundamental. Los derechos humanos de todos estos criminales no son superiores a los de sus víctimas. Invocarlos no puede servir de pretexto para su impunidad ni para que los gobiernos renuncien a proteger la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Durante demasiado tiempo, las familias sometidas al miedo no tuvieron quién defendiera sus derechos con la energía que algunas ONGs y sectores de la izquierda populista emplean para defender los derechos de quienes las aterrorizaban.
Por eso descalificar, y juzgar con tanta severidad y por razones ideológicas, la firmeza de Bukele y de otros gobernantes que actúan para devolver la seguridad es realmente injusto. Los gobiernos conservadores que reconocen la gravedad de esta amenaza merecen apoyo en su empeño por enfrentarla. La obligación de proteger a la población no puede quedar subordinada a prejuicios políticos.
Es evidente que nadie puede ganar esta batalla por sí solo. Así como las drogas, el dinero y los criminales que sostienen estas redes cruzan fronteras, también deben hacerlo la inteligencia y la cooperación entre Estados. Por ello, es vital un tratado interamericano efectivo que permita listar a estas organizaciones como terroristas y coordinar su reconocimiento y persecución en los países del continente,- comenzando por Estados Unidos-, para facilitar la acción judicial, financiera y militar conjunta, así como el intercambio de información y pruebas, persiguiendo, además, a quienes hacen posible el negocio sin empuñar un arma, tales como financistas, lavadores y funcionarios corruptos. La Unión Europea también debería tener interés directo en esta lucha, pues el narcotráfico conecta las costas de este continente con las suyas. Si los gobiernos actúan por separado, los criminales aprovecharán cada espacio que quede abierto; si cooperan, podrán atacar la estructura que sostiene sus operaciones.
Panamá tiene mucho en juego en ese esfuerzo también. Nuestra posición como centro de tránsito y de servicios financieros nos ofrece oportunidades, pero también exige impedir que esas mismas conexiones sean aprovechadas por las redes criminales. Proteger nuestros puertos, nuestras instituciones y a nuestras comunidades requiere firmeza en casa y cooperación con nuestros vecinos. No esperemos a que el miedo se instale para reconocer el peligro: defender a Panamá es también contribuir a que el continente cierre el paso a esta amenaza.