Presupuesto sin justicia social

El 24 de julio de 2012, el Consejo de Gabinete aprobó el Presupuesto General del Estado para el próximo año. El presupuesto asciende a 16 mil 268 millones de dólares, de los cuales 6 mil 964.9 millones corresponden a inversión. Ello refleja un incremento de 13% con relación al presupuesto de 2012. Así, se convierte en el presupuesto de mayor monto aprobado en la historia de nuestro país.

Preocupa a la población la aprobación de semejante presupuesto, porque el gobierno lo justifica para ejecución de megaobras, que, si bien pueden ser importantes, no son prioritarias. A la fecha, las finanzas públicas evidencian un déficit fiscal para el 2012 que asciende a 450 millones de dólares, limitándoles hacer frente a algunos compromisos previstos.

Ese déficit guarda relación con la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón, acciones de la telefónica y otros bienes públicos, que habían incluido como ingresos, pero que la población se opuso.

La situación descrita, llevó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a tomar medidas de recortes en la ejecución presupuestaria del actual periodo fiscal.

El aumento de 13% efectuado al presupuesto de gastos, para el 2013, viene recibiendo fuertes críticas, toda vez que se cuestiona el hecho de que se incremente el presupuesto, existiendo un déficit aún sin resolver. Amén del concebido aumento de la deuda pública, cuyo desembolso para el 2013 será de 1,747.2 millones de dólares (información de la Dirección Nacional de Presupuesto, del MEF).

Estas circunstancias parecieran evidenciar lo expresado por miembros de diversos colectivos políticos, al señalar que la administración Martinelli está dispuesta a alcanzar el tope (aumentado por ellos) del endeudamiento que le permite la Ley de Responsabilidad Fiscal, sin interesar la opinión de grupos organizados o la ciudadanía.

La situación es impresionante, crea desc oncierto y frustración. Mientras se presume de un envidiable crecimiento económico y de inversiones millonarias, persiste un elevado índice de pobreza y desigualdad social, porque los beneficios continúan concentrados en menos del 11% de la población.

Nuestro país registra una de las economías más solidas de Latinoamérica y presenta un movimiento impresionante de inversión de capital en megaobras, pero el panameño de clase media-media, hacia abajo, continúa sufriendo los embates del constante incremento de los precios, en la canasta básica, bienes y servicios, que deterioran cada vez más su calidad de vida, producto de la inflación y de la ausencia de control gubernamental por la especulación.

La abundancia económica ha favorecido a muy pocos, la mayoría siente que ha dejado tras de sí una sociedad con menos riqueza, pero tranquila, donde se vivía con mayor confort, se respiraba seguridad y aún cuando el salario era relativamente bajo, existían posibilidades de ahorro.

Nuestra sociedad está convulsionada. Ya ‘no trabajamos para vivir, ahora vivimos para trabajar’; con un esclavismo disfrazado de democracia. Con ello se incrementan los niveles de estrés, el desarrollo potencial de enfermedades y la violencia.

Si queremos salvaguardar el bienestar de nuestras actuales y futuras generaciones es imprescindible que se gobierne con sentido común y visión de patria; es decir, planificando un desarrollo solidario, con justicia social.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.