Una sociedad organizada

De mi juventud recuerdo claramente cómo las injusticias sociales e inclusive la falta de atención a las necesidades de áreas marginadas por los gobiernos eran reclamadas solo por los estudiantes organizados en la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) o los grupos organizados por las izquierdas, como los pocos sindicatos legales de la época.

Fueron luchas que iban desde las provincias bananeras de Chiriquí y Bocas, hasta la propia capital donde la FEP se manifestaba por el alto costo de vida, por aumentos en los servicios públicos, por deficiencias en la educación o falta de justicia. No puedo dejar de mencionar la cantidad de manifestaciones de la FEP por la causa canalera, donde jugaron un extraordinario papel en la lucha por la soberanía.

Pero las comunidades, el pueblo en general, nunca se organizaron en luchas reivindicatorias. Fue tras el proceso revolucionario que todo cambió, Omar le dio un impulso a la sindicalización por un lado, y por otro se esforzó en organizar a las comunidades para hacer valer sus derechos. A través del Poder Popular, las Juntas Comunales y las Juntas Locales, el pueblo se organizó. Y ha sido gracias a esa organización que hoy día las comunidades luchan por superar sus problemas y hacer valer sus derechos.

Hoy, vemos cómo una comunidad cierra el paso en las vías de acceso para obligar a las autoridades a visitar y conocer su principal problema, sea malos caminos, falta de agua, falta o deficiencia del transporte público, etc. Estudiantes ya no organizados en la FEP, sino solo los afectados en una escuela protestan en público para resolver sus problemas. Honestamente, me siento orgulloso cuando veo a una comunidad organizada para que los atiendan, haciendo público su descontento y evidenciando la falta de acción de los funcionarios responsables.

De los grupos organizados más locuaces han sido los ambientalistas, un puñado de personas que se ha ido multiplicando en defensa del medio ambiente. Otro grupo interesante de seguir en su lucha son los residentes de barrios de clase media y alta, afectados por cambios arbitrarios de zonificación. Y es en estos dos temas, ambiental y zonificación, que quiero hacer hincapié hoy.

Ambos están atados entre sí, porque es una misma causa la que da pie a las luchas: la falta de una política adecuada del mejor uso del suelo en todas las áreas nacionales. Es imperativo que el país tenga una definición en el interior del mejor uso posible del suelo: agrícola, ganadera, turístico, residencia, etc. No podemos seguir permitiendo que zonas agrícolas sean vendidas en la especulación turística o residencial sacrificando nuestra producción de comida. Como tampoco debemos detener el progreso de zonas turísticas para mantener potreros. Pero si en el interior el problema ya empieza a hacer crisis, la capital ya colapsó.

En nuestra capital, la falta de visión de funcionarios de Educación, Vivienda y Ordenamiento Territorial nos ha cambiado la ciudad a un área agresiva y de poca calidad de vida. Hoy la proliferación de universidades sin campus, simples edificios de oficina sin estacionamiento, han empeorado el tránsito y zonas residenciales. Escuelas de infantes en cualquier casa desocupada hacen un suplicio la vida de vecinos, la construcción incontrolada de edificios ha acabado con la vida normal de barriadas.

Aunque se han impuesto supuestos controles, la Ley es violada a criterio del ministro del Miviot, a su discreción. Hoy, tres barrios están en estado crítico: San Francisco, Punta Paitilla y El Carmen. En ellos se suspendieron los permisos de edificios altos solo para ser todos testigos de las ‘excepciones’.

Y el tema ha servido para organizar a las comunidades. Hoy existe una Asociación de Propietarios Residentes en Punta Paitilla, presidida por Laura Zerbinati, que mantiene una lucha de comunicados contra dos torres de 80 pisos que se desean edificar, con la resolución 343 del 5 de junio de 2013 y violando la Ley en un área unifamiliar de Punta Paitilla. La propia Junta de Planificación Municipal se opone al cambio de zonificación, pero a la ministra del Miviot no parece importarle. Nunca se dio la consulta con participación ciudadana y en un país donde al final todas las apelaciones si bien no legales se le hacen al presidente, su esperanza está en la oficina presidencial que detenga la construcción.

Curiosamente este mismo año en la calle Heliodoro Patiño, de la misma Punta Paitilla, se detuvo la extracción de piedra para construir un edificio, pero se logró detenerlo con todos los permisos en orden por los altos funcionarios que intervinieron, como residentes del vecindario. En este nuevo caso, quizás el poder de la empresa Grano de Oro Investment y su promotor F&F Properties tienen más peso que la comunidad. Lo triste es que aunque las autoridades están alertadas y se han publicado en los medios comunicados y notas de los ciudadanos organizados, la reacción no ha sido proactiva y tendrán que ir a cierres de calles y otras manifestaciones para lograr la atención de quienes deben resolver el tema.

Nuestra sociedad ha cambiado, la vimos actuando políticamente en las calles de blanco y con pailas en su momento de defender la democracia, la vemos ahora en las calles nuevamente por sectores en luchas por sus derechos. Ya no es la FEP, ya no son sindicatos de izquierda, ahora es el pueblo en sus distintas presentaciones, sin distingo de clases, manifestándose. Las autoridades, es hora de que entiendan el mensaje.

INGENIERO INDUSTRIAL Y ANALISTA POLÍTICO.