Odebrecht: del escándalo al juicio

El 16 de enero de 2017 escribí en un diario local que el caso Odebrecht era la prueba de fuego de la justicia panameña. Ocho años después, con el juicio finalmente en marcha, la pregunta ya no es si la justicia será puesta a prueba, sino si aún conserva la capacidad de aprobarla sin traicionarse a sí misma.

El tiempo transcurrido no es un dato neutro. En materia de justicia, el retraso no es una simple demora administrativa, es una forma silenciosa de erosión institucional. La verdad que tarda demasiado corre el riesgo de volverse inocua, y la justicia que llega exhausta suele llegar debilitada, tanto en credibilidad como en autoridad moral.

Lamentablemente, durante años, el caso Odebrecht fue tratado más como un problema político que como un desafío judicial. Se habló de montos, de acuerdos, de devoluciones parciales y de compromisos “colaborativos”, pero se evitó deliberadamente el debate central sobre la responsabilidad penal individual de quienes instrumentalizaron el poder público para convertir al Estado en una caja registradora de intereses privados. Un fenómeno ampliamente conocido, pero sostenido durante años como un secreto a voces.

Hoy, cuando el juicio se abre paso, no podemos fingir que empezamos de cero. Llegamos aquí con una ciudadanía escéptica, con una institucionalidad fatigada y con una memoria colectiva marcada por la selectividad del sistema penal. El país recuerda —y con razón— que en otros momentos la administración de justicia fue rauda, implacable y mediática con determinados actores, mientras que en este caso avanzó con pasos cortos, lenguaje cauteloso y excesivas concesiones.

Pero, como hombre de derecho, conviene decir con claridad que la exigencia de justicia no puede construirse sobre la demolición del debido proceso. Un juicio justo no es aquel que satisface la indignación social, sino aquel que resiste el escrutinio jurídico, constitucional y ético. El respeto a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a la contradicción de la prueba y a un juez imparcial no es una concesión graciosa a los procesados; es la única forma de evitar que la justicia se degrade en venganza institucional.

La historia demuestra que los procesos penales construidos al margen del debido proceso terminan siendo frágiles, reversibles y políticamente manipulables. Y una condena que no se sostiene sobre reglas claras y pruebas lícitas no fortalece al Estado de Derecho, sino que lo debilita, aunque momentáneamente calme a la opinión pública.

El problema, entonces, nunca fue —ni es— la existencia de garantías procesales. El verdadero problema es cuando el debido proceso se invoca selectivamente se relativiza para unos y se absolutiza para otros; se acelera cuando conviene y se ralentiza cuando incomoda. Esa asimetría es la que mina la confianza ciudadana y convierte a la justicia en un instrumento errático.

Tampoco el problema radica en los acuerdos como figura jurídica. El problema surge cuando el acuerdo sustituye a la verdad, cuando la colaboración se convierte en moneda de cambio para el silencio y cuando la reparación económica pretende suplantar la dimensión ética, social y política del daño causado. La corrupción cuando es estructural no se repara con cheques, sino que se enfrenta con verdad, responsabilidad y certeza de castigo, siempre como resultado de un proceso legítimo que respeta el debido proceso.

Por eso, hoy más que nunca, el juicio de Odebrecht debe ser entendido como algo más que un trámite procesal tardío. Es un ejercicio de pedagogía democrática. Aquí no solo se juzga a personas; se pone a examen la capacidad del sistema para demostrar que el poder no otorga inmunidad, pero que tampoco autoriza a la justicia a prescindir de sus propias reglas. Un equilibrio complejo, pero ineludible.

La consigna sigue siendo válida. La misma que en su momento exigió José Ugaz en el Perú. Una investigación objetiva, desinhibida y robusta, orientada a conocer toda la verdad y a desenmascarar a todos los responsables, caiga quien caiga, pero siempre con estricto apego al debido proceso.

Si este juicio se reduce a una puesta en escena tardía, a condenas simbólicas o a absoluciones técnicas divorciadas de la verdad material, la justicia habrá renunciado a su función histórica. Pero si logra reconstruir los hechos con rigor probatorio, individualizar responsabilidades y dictar decisiones proporcionales, respetando las garantías que legitiman su poder, entonces —y solo entonces— podrá decirse que aquella prueba de fuego no fue en vano.

La justicia panameña aún está a tiempo de demostrar que no es una institución sometida al clamor del momento ni al cálculo político, sino un pilar del Estado constitucional. El juicio de Odebrecht no es el final del camino; es, quizás, la última oportunidad de reconciliar justicia, verdad y debido proceso sin sacrificar ninguno de ellos.