Privatizar no es solución

H istóricamente los partidos políticos venden falsas esperanzas a la población en los periodos proselitistas; su único e infame propósito es obtener el solio presidencial, así como curules de diputados, alcaldes y representantes que les permitan el acceso a las arcas del Estado.

Nuestra vida republicana se caracteriza por las malas prácticas en el uso de los fondos públicos. Durante las últimas décadas los colectivos políticos, se han dedicado a perfeccionar sus estrategias demagógicas y populistas para distraer la atención de la ciudadanía, mientras solapadamente usufructúan indiscriminadamente el erario público, bajo el argumento de impulsar programas de desarrollo.

Estos programas, en un alto porcentaje, promueven cambios estructurales en la organización del Estado o proyectos de grandes infraestructuras, con enormes inversiones de capital, lo cual sirve como excusa perfecta para hacer contrataciones o compras directas, impregnadas de sobrecostos y permitir la coima. El resultado: un fraude para la población, toda vez que no se ve mejorada la calidad de vida.

La situación planteada la podemos apreciar con las privatizaciones del IRHE e INTEL. Empresas estatales, que administraban todo el proceso de electrificación y comunicación del país. En aquel momento, los defensores de la privatización, avalaban que esta modalidad ofrecería un servicio de calidad y mejores precios al consumidor.

La privatización resultó ser el traspaso de monopolios naturales, propiedad del Estado, a monopolios privados, beneficiando a altos funcionarios gubernamentales y consorcios internacionales. El pueblo, aún no ve reflejados los mejores precios ni la calidad del servicio. Situación que mantiene alerta a la población, frente a posibles intentos de privatizar el IDAAN.

Otro desacierto, de administraciones pasadas fue la exoneración millonaria de impuestos que se hizo a Panama Port, en detrimento del fisco nacional. Esto sin contar que la carretera que conduce a Balboa (área revertida) pasó de ser pública a privada, propiedad de Panama Port.

Acciones como éstas vienen afectando negativamente a Juan Pueblo. Los impuestos dejados de percibir, reducen la capacidad de ejecución de proyectos de beneficio social. De igual manera, una carretera de uso público como la antes citada, en los actuales momentos en que la ciudad capital sufre una severa crisis vial, serviría de desahogo vehicular.

Por otro lado, todos los gobiernos han otorgado concesiones para explotación de minas y construcción de hidroeléctricas, sin considerar la aprobación de la población. Tal es el caso del pasado gobierno, donde el Ejecutivo abusó de su poder minimizando y facilitando los trámites para autorizar concesiones ¿gratuitas? para hidroeléctricas. Se conoce que la administración de Martín Torrijos otorgó 27 permisos para este tipo de actividad.

Estas acciones demuestran que quienes llegan al poder abusan del cargo, independientemente de las necesidades de la población, por considerarse soberanos pensadores de la nación, buscando el beneficio personal y de sus allegados.

Al reflexionar sobre las experiencias pasadas, de cara a la administración Martinelli, quien prometió ‘... no repetir las dañinas prácticas pasadas...’, la población observa cómo se repite la misma historia y cómo se profundiza en algunos casos, esperando se rectifique el rumbo a seguir, en beneficio de toda la población.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.