¿Tendremos nuevas elecciones antes de que termine este año?

A primera vista, esta pregunta puede dar a entender que hay una confusión respecto a los plazos de los procesos electorales democráticos en Panamá, pero teniendo en cuenta lo que establece nuestra Constitución Política, queda claro que la respuesta a esta pregunta solo la tienen en sus manos el señor Mulino y su círculo cero.

Como premisa inicial, hay que partir de una realidad objetiva: el capital político inicial emanado de las elecciones fue ya muy reducido y que además se ha desgastado aceleradamente como ninguna otra administración en la etapa democrática (tanto en respaldo ciudadano como en respaldo de la estructura de su propio partido político, sus diputados y gobiernos locales) quedando solo sustentado en el precario presupuesto del Estado, la fuerza pública y un sector influyente de los grandes gremios empresariales y sus filiales mediáticas, muy cercanos al gobierno, siendo que hay quienes incluyen como un as bajo la manga el respaldo político y de seguridad de EE.UU. ante un resquebrajamiento grave de la gobernabilidad producto de la crisis actual. Por si fuera poco, el tan esperado crecimiento económico, mayor inversión y aumento del empleo (el famoso chenchén en tu bolsillo) no está ni cerca de ser una realidad.

Esta policrisis multicausal seguirá aumentando en intensidad por la desconexión del gobierno con la realidad ciudadana y por ignorar su propia realidad de contar con muy bajo capital político, que lo lleva a aplicar la descalificación reiterada y la represión como respuesta al reclamo de la población que exige la derogación del memorando de entregamiento con EE.UU., la modificación de los puntos más negativos de la reforma al Seguro Social, variar la abierta postura del gobierno a reabrir la mina de Donoso o exigir bajar el tono del discurso despectivo y las acciones autoritarias y de confrontación.

Si se mantiene esta postura de enfrentamiento sin perspectivas de solución, el reclamo y exigencia de la ciudadanía podrá escalar en muy poco tiempo, y además comenzar a pedir la renuncia del presidente o, en su lugar, a presionar para llevarlo a un juicio en la Asamblea Nacional, activando una o varias de las denuncias que ya han sido interpuestas, entre las cuales la más importante es la de actuar contra la personalidad internacional del Estado, tal como lo establecen el numeral 3 del artículo 191 de la Constitución y el artículo 425 del Código Penal.

Teniendo como referencia el perfil y talante del señor Mulino, podemos inferir que la renuncia es una vía muy poco probable, por lo que la presión ciudadana en las calles se derivaría hacia la Asamblea Nacional, para accionar el único mecanismo institucional contemplado en nuestro ordenamiento jurídico que podría dar una salida democrática a la actual crisis. Un eventual juicio y condena del presidente (al no contar con un vicepresidente) conllevaría la convocatoria inmediata a unas elecciones antes de 4 meses, tal como lo establece el artículo 189 de la Constitución.

El gobierno tiene aún todo en sus manos para salir de la burbuja, asimilar la realidad objetiva leyendo el momento de crisis y evitar estos escenarios que ninguno de los panameños queremos que se materialicen. Para esto, se requiere la derogatoria inmediata del memorando con Estados Unidos, la convocatoria a un diálogo verdadero para atender la reforma al Seguro Social, con una mediación internacional con credibilidad y realizar una auténtica consulta técnica y jurídica previa con participación ciudadana para definir el futuro del proyecto minero de Donoso. Además, deberá dar un giro de timón en el fondo y forma de la gestión de gobierno, que necesariamente implica una reorganización del gabinete.

A partir de esas decisiones, tendrá la respuesta el señor Mulino a la pregunta inicial y verá si logra completar los años que restan de período constitucional como protagonista al frente del gobierno, o simplemente lo hará como un espectador en las sombras, no solo desde un reducido recinto, sino también de la historia.