• 28/04/2016 02:02

Sobrevivientes de una tragedia

Se remonta a que el empleado público debe hacer su trabajo con ética, porque la ciencia médica no se compagina con la política a este nivel

Transcurría agosto de 2006, cuando las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) reportan la muerte de un paciente que tenía ciertas características peculiares, como: que era paciente de la CSS, era un adulto mayor, y que en su receta tomaba un medicamento llamado dietilenglicol, que después se comprobó que era el causante de la muerte masiva de pacientes por envenenamiento.

Según fuentes médicas, el cuadro de los afectados por este jarabe de la muerte eran: fiebre, náuseas, diarreas, problemas urinarios, parálisis de los miembros inferiores y superiores, y finalmente les abrigaba la muerte. Alarmados por la cantidad de casos que se estaban presentando, las autoridades de la CSS piden apoyo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y al Centro de Control de Enfermedades y prevención de los Estados Unidos, los que descartan que la causa de la muerte masiva de pacientes fuera de origen bacteriano, micótico o viral. Así que todo apuntaba a que el problema era originado por el dietilenglicol, un expectorante liquido sin azúcar, producido en el laboratorio de la CSS, y que no tenía registro sanitario aprobado por las autoridades de Salud.

Se reporta la alarmante cifra de 182 personas muertas, y miles de afectados que consumieron el producto; sin embargo, ante el despacho masivo del medicamento, en todas las farmacias de la CSS, a lo largo y ancho del país, es muy probable, que los muertos y afectados sean más, sucede que los familiares de las víctimas no hicieron el reporte, así como algunos que se murieron sin saber la causa. m

En la ruta crítica de este gravísimo problema, hay varios actores que mercadearon el producto. Se habla de que la materia prima venía procedente de China, etiquetada como glicerina al 99.9 %; sin embargo, las autoridades de ese país, para curarse en salud, pasan a mejor vida al empresario que vendió el producto. Después se habla de que pasó a España, donde preventivamente sacan de circulación el producto Lisopronil, producido presuntamente por la casa Normon.

Posteriormente el producto llega a Panamá, se supone que a través de la empresa Medicom, S.A. No obstante producto de situaciones anómalas, como la presunta alteración de fechas, es introducido a la CSS, y se empieza a procesar sin cumplir con los trámites de protocolo de registro sanitario que establece la Ley.

De este caso de muertes masivas, único en el mundo, se pueden sacar varias conclusiones, donde algunos actores han ganado, y otros han perdido, a costa de la desgracia de miles de personas, que de buena fe confiaron en sus autoridades de Salud.

1- El laboratorio de producción de fármacos de la CSS fue cerrado, en perjuicio del asegurado, que ahora tiene que comprar sus medicamentos en farmacias privadas, y sin que le repongan la inversión realizada.

2- Han tenido que pasar 10 años, varias administraciones, y Gobiernos, para que las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial lleven a juicio a los presuntos responsables de esta tragedia humana. Aunque se sospecha que algunos altos personajes involucrados no han sido mencionados, y que están pasando agachados. Justicia tardía, no es justicia.

3- Para aliviarles la situación a los pacientes afectados por el consumo del dietilenglicol, el Gobierno nacional promulga la Ley 12 del 7 de abril de 2015, donde les otorga una pensión vitalicia de 600 dólares, como consuelo, aunque el monto fijado no compensa el daño causado, dirán que las penas con pan son menos.

La moraleja de esta tragedia se remonta a que el empleado público debe hacer su trabajo con ética, porque la ciencia médica no se compagina con la política a este nivel.

DOCENTE Y ESCRITOR.

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