Transformación de la educación: otro desafío pendiente

Hace cinco años el gobierno -reconociendo la necesidad de que los panameños fueran capaces de participar efectivamente en el proceso de cambio de las perspectivas económicas, sociales, políticas y de desarrollo sostenible del país- propuso la Educación como tema central del Plan Estratégico del Gobierno 2020- 2024, manifestando que sería la Estrella del Plan, pues nadie puede ignorar que transitamos una época en la que se abre paso la sociedad del conocimiento, donde está la base del crecimiento y desarrollo económico.

Reconozco la sinceridad de aquella declaración, pero no fue suficiente con las buenas intenciones, como lo demuestran -año tras año- los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA (2022), los cuales demuestran que seguimos mal y debemos mejorar, pues la proporción de estudiantes con calificaciones inferiores a un nivel básico de competencia no cambió significativamente en matemáticas, lectura y ciencias, en comparación con la evaluación de 2018.

Cierto es que se nos vino encima la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, el cambio climático y la crisis social y política del año pasado, que no ha terminado y se extenderá, al menos, por medio año del 2024.

Esta situación tiene gran relevancia para nosotros, pues, como nos recuerda UNICEF, “a pesar de los avances en acceso a la educación de las últimas décadas, aún persisten retos frente a la calidad de la educación en general y parte de los niños, niñas y adolescentes siguen sufriendo exclusión educativa, especialmente de las poblaciones que viven en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza”.

En este contexto, considero necesario que las nuevas autoridades sean capaces de asignar a la educación los recursos financieros que se necesiten para su transformación positiva y; promover —revisado y actualizado— el alineamiento del que será su nuevo plan de gobierno, con las políticas definidas por la población en el Acuerdo Nacional por la Educación, dándole apoyo necesario a su órgano de monitoreo y seguimiento, el Consejo Permanente Multisectorial (COPEME).

El objetivo de aquellas propuestas —plenamente vigentes hoy—, es lograr que Panamá tenga una política de Estado para la Educación, con un sistema educativo que garantice y promueva el ejercicio efectivo del derecho a una educación de calidad y con equidad para todos los panameños y panameñas. Requiere de un esfuerzo sostenido y articulado de todos los actores involucrados en el sector educativo, incluyendo al Estado, los docentes, las familias, la comunidad y la sociedad civil. Comparto algunos argumentos expresados en el documento para alcanzar los objetivos.

Para comenzar es necesario subrayar que, el acceso a la educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de Panamá y por los tratados internacionales de derechos humanos. Es un derecho esencial para el desarrollo personal, profesional y social de las personas. Condición indispensable para evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan menor riesgo de exclusión social, pobreza y violencia, y más probabilidades de tener éxito en la vida adulta y de contribuir al desarrollo del país.

En ese sentido, el primer paso para garantizar el acceso universal a la educación es asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la escuela. Esto significa eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación, como la pobreza, la discriminación y la ubicación geográfica, especialmente para los estudiantes de zonas rurales y de escasos recursos.

Por otro lado, deberemos redoblar el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, incluyendo la actualización de los currículos, la formación de los docentes y la implementación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Especial importancia tendrá mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas, así como la formación continua de los docentes.

No menos importante es garantizar la equidad del sistema educativo, promoviendo que todos los estudiantes, independientemente de su origen social, económico o cultural, tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollar su potencial. Especial relevancia tiene superar las desigualdades en el sistema educativo que limitan las oportunidades de los estudiantes de zonas rurales y de escasos recursos. Será necesario implementar políticas y programas que apoyen a los estudiantes de estas poblaciones. Por ejemplo, se pueden ofrecer becas, programas de alimentación y transporte escolar, y programas de apoyo académico para los estudiantes de zonas rurales y de escasos recursos.

Nuestro sistema educativo también tiene que ser inclusivo, lo cual significa que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, cognitivas o sociales, tengan acceso a una educación de calidad. Especial relevancia cobra implementar políticas y programas con adaptaciones curriculares y servicios de apoyo especializados para que los estudiantes con discapacidades se desarrollen plenamente y tengan éxito en la escuela.

Finalmente, es obligatoria la creación y fortalecimiento de los espacios de participación formales e informales para que todos los actores puedan expresar de manera sostenida sus opiniones y propuestas para el desarrollo del sector educativo, y se garantice que la sociedad civil pueda ejercer su vigilancia y control sobre el cumplimiento del derecho a la educación.