Transformar el Estado. Destruir el Estado

La coyuntura nacional se caracteriza por una profunda crisis del Estado panameño. Una crisis de larga data, pero que en las últimas administraciones del Estado ha cobrado un carácter profundamente perturbador. En esta hora, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República y no pocos de sus ministros, ha ideado una empresa de destrucción sistemática de su carácter democrático del país vía la represión de las fuerzas sociales que legítimamente se oponen a las directrices antipopulares y antinacionales del Ejecutivo, por un lado, y el empleo reiterado y selectivo de la judicialización de casos, en su intento de descabezar la protesta y criminalizar a una dirigencia más organizada (como son los sindicatos y los gremios), además de amedrentar al resto de los sectores que protestan. En esta represión combinada con el empleo de artilugios legales, el pretexto aducido es que la dirigencia de sindicatos y gremios y la de los pueblos originarios atentan contra la personalidad del Estado. Esta acusación no deja de ser paradójica.

Los protestantes han exigido, a través de las vías que respalda nuestra Constitución Política (la libre expresión de sus ideas, el derecho a la manifestación y la protesta pacífica) tres objetivos básicos y que claramente no pugnan con la legalidad estatal, sino que, por el contrario, apelan claramente a su plena vigencia: derogar una ley que se conceptúa atenta contra el bienestar colectivo (la ley de la CSS), el intento enmascarado de reapertura de la mina de cobre, y la eliminación del memorando de entendimiento entre el Gobierno panameño y el de EE.UU., por considerarlos lesivos a la soberanía de nuestro Estado. De hecho, lo que la protesta social claramente ha expresado no es eliminar o destruir el Estado panameño, sino cambiar el contenido y rumbo de su dirección política, por considerar que nuestro gobierno no defiende la soberanía exterior de Panamá, y por la otra, atenta contra los intereses vitales del soberano, esto es, del pueblo panameño mismo.

Tenemos ante nosotros la profunda paradoja que quienes de facto destruyen y socavan la personalidad jurídica del Estado panameño no son los que protestan contra políticas y normas lesivas al interés nacional, sino quienes desde la dirección del Estado (el gobierno actual) conculcan derechos, militarizan de facto el orden público, reprimen, sojuzgan y hieren personas, incluso mujeres y niños. Estamos ante un claro caso de tránsito de un Estado democrático a uno oligárquico; de un Estado de derecho a una dictadura civil; de un Estado republicano a un Estado plutocrático.

Los protestantes en las calles, en las ciudades y en los pueblos de Panamá no quieren destruir el Estado panameño; por el contrario, quieren que el Estado nuestro sea sostenible en lo ambiental, solidario en lo social y soberano en el manejo de sus relaciones internacionales. El Poder Ejecutivo y una facción lacaya del Poder Legislativo desean someter a Panamá a los intereses de una potencia extranjera; destruir la base de la biodiversidad y el patrimonio ecológico de la nación, y crear un sistema insolidario de pensiones que haga misérrimas a las generaciones futuras. Ese es el programa antinacional y antipopular que es cada día más evidente.

Se dice que quienes protestan no tienen propuestas. Todo lo contrario. Quienes nos reprimen son los que se han quedado sin agenda y persisten en un modelo político y económico que nos tiene al filo del desastre total. Su narrativa clasista de pensamiento único no tolera la diversidad de puntos de vista y de anclajes ideológicos e identitarios plurales y diversos. En definitiva, la lucha es entre quienes deseamos preservar, perfeccionar y profundizar el carácter republicano del Estado panameño y sus instituciones y quienes las han socavado a punta de corrupción, latrocinio y juega vivo.