Tres tareas para la cuenta regresiva

Llegado mayo de 2018, entraremos nuevamente en la cuenta regresiva más importante para el país, el camino hacia las elecciones generales. Más de 370 000 jóvenes votarán por primera vez en 2019. La pregunta es si se sumarán como votantes conscientes de su poder ciudadano o si entrarán a formar parte del sistema de clientelismo político que campea.

En un país de carencias y desencuentros, caracterizado por la falta de planificación del crecimiento, aumento en las brechas de desigualdad y políticas públicas contradictorias, la construcción de nuevas propuestas de Gobierno, si se hace concienzudamente, reviste altos niveles de complejidad y dolorosos ejercicios de priorización.

Si bien los desafíos y los problemas son muchos, y además acumulados, la capacidad de plantear áreas de énfasis de la gestión será un elemento clave para diferenciar unas propuestas electorales de otras. Más allá del origen partidista o independiente de las ofertas electorales que se formalicen, hay tres tareas claves, cuyo emprendimiento por el nuevo Gobierno puede trazar el camino hacia las transformaciones que la sociedad panameña requiere.

Proceso constituyente. La sociedad panameña necesita, exige, una refundación. Las instituciones, como funcionan hoy, no responden a los desafíos actuales. El olor a descompuesto arranca desde los más altos poderes del Estado. La conformación de la Asamblea Nacional promueve el clientelismo, la reelección indefinida, la cultura de privilegios y la impunidad. Lo propio puede decirse de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados siguen siendo nombrados mediante un método de dádiva presidencial, sin intención real de avanzar hacia un sistema de pesos y contrapesos, sino de perpetuar pactos implícitos de no agresión futura. Y hacia abajo, en cascada, el entramado institucional se desmorona, con instituciones que lejos de cumplir su misión institucional, siguen inmersas en escándalos de corrupción, improvisación y clientelismo. La dicotomía CSS-Minsa, los programas de vivienda con inundación incluida, son solo algunos ejemplos de una institucionalidad pública desgastada e ineficiente.

Revisión exhaustiva de la eficiencia y comportamiento del gasto público. Panamá, con una población aproximada de cuatro millones, en 2018 tuvo un presupuesto público de US$23 mil millones. Costa Rica, con más población (4.8 millones) se administró con unos US$7000 millones menos de presupuesto público. Colombia, con cerca de 50 millones de habitantes, es decir, 12 veces la población de Panamá, funcionó este año con un presupuesto público de unos 80 mil millones, escasamente cuatro veces mayor que el de Panamá. Las cifras hablan por sí solas. Los sucesivos escándalos de estafas millonarias, que alcanzaron su nivel más crítico en los últimos años y que aún se siguen develando, indican que la administración pública de Panamá maneja un volumen tal de recursos que es capaz de resistir ese nivel de robo y aún seguir operando. El debilitamiento de la función de planificación, mutilada desde la creación del MEF, ha servido también para colocar un velo en la información sobre los procesos de endeudamiento público. ¿Quién y cómo se negocian las operaciones de préstamos? ¿Cuáles son los criterios y prioridades? ¿A qué consensos nacionales obedecen? Son preguntas sin respuesta accesible.

Incorporación efectiva de la sostenibilidad en las decisiones de inversión pública y privada. El paisaje de Panamá cambia velozmente, en un proceso de urbanización descontrolado, desplanificado y desregulado. El no acceso a la tierra, el nivel de endeudamiento de las familias, la calidad del empleo, la desintegración de las familias como célula básica de la sociedad, la pérdida progresiva de los ríos rurales y urbanos, son fenómenos socioambientales que no se atienden, por el reduccionismo tramitador y la vorágine de construcción de infraestructura sin planeamiento estratégico ni prospectiva que configura el día a día de la mayoría de las instituciones públicas.

La Constituyente, priorizar la eficiencia y transparencia del gasto público y un compromiso real con la sostenibilidad, son tareas grandes, pero no imposibles para un nuevo Gobierno.

ESPECIALISTA EN AMBIENTE Y DESARROLLO.