¡Un año transicional y crucial!

El 2024, como solo otros dos o tres de nuestra historia, aparte de transicional, será crucial, pues marcará un antes y un después en nuestra vida como sociedad. Las elecciones del 5 de mayo decidirán quién tendrá la responsabilidad de gobernar, a partir del 1 de julio. Quien asuma la conducción del Estado enfrentará el reto de resolver un cúmulo de problemas, aumentados y agravados, que heredará por haber sido pospuestos por sus predecesores. Los principales son: 1) el sistema de pensiones, 2) la crisis del agua, 3) la deuda pública, 4) la educación, 5) la seguridad, 6) el cierre de la mina y sus consecuencias económicas y 7) la migración, para mencionar las de mayor calado.

Formalmente, la campaña electoral comenzará en un par de semanas; pero de hecho estamos inmersos en ella casi desde el día siguiente a los pasados comicios, sin importar que el Tribunal Electoral siga recordando las denominadas vedas electorales, cuyo valor práctico, aparte de discutible, es contraproducente, pues contradice el artículo 138 de la Constitución que asigna a los partidos políticos la misión, ininterrumpida, de “expresar el pluralismo político”, o sea, las diferentes visiones que del país deben tener y ofrecer las fuerzas políticas, económicas y sociales agrupadas en ellos; y de concurrir, también de manera ininterrumpida, a la “formación y manifestación de la voluntad popular”.

En una democracia, el actor principal es el pueblo, titular único e indiscutible de la soberanía; todos los otros actores y factores en que se fracciona el conglomerado social deben ser instrumentales para la manifestación efectiva de la voluntad popular y estar al servicio del fin esencial del Estado que es satisfacer las necesidades de la población que vive bajo su jurisdicción.

Entendida bajo esos principios, la democracia solo funciona si cada uno de ellos cumple eficazmente el papel que le corresponde. El pueblo, aunque titular de la soberanía, en nuestro sistema político, definido como una democracia representativa, solo tiene un espacio temporal y limitado, cuando ejerce el derecho al sufragio, para decidir a quienes delega su ejercicio. Después de ese acto supremo, sufrirá o se beneficiará de haber tomado la decisión correcta o incorrecta. Por tanto, para tomarla debe sopesar con profunda conciencia de su trascendencia, por quienes votará en las elecciones del próximo 5 de mayo.

La misma norma electoral citada, aparte de conceder el principal rol instrumental a los partidos políticos, al declararlos como “fundamentales para la participación política”, reconoce como una alternativa a estos, la postulación libre; pero, aunque la norma declare que esa función privilegiada que reconoce a los partidos deban ejercerla, “sin perjuicio de la postulación libre”, la realidad es que las normas que debieran desarrollarla, reducen toda posibilidad de una competencia justa o equiparable, como puede comprobarse con la sola comparación de los subsidios electorales. La desproporción entre estos es abismal.

Las próximas elecciones las disputarán 5 candidatos postulados por los partidos y 3 de libre postulación; pero la inexistencia de una competencia justa, apunta a que los contendores con posibilidades solo serán los primeros. Y ese debe ser uno de los primeros aspectos que deben tomar en consideración los futuros votantes, pues por ser nuestras elecciones de vuelta única, el voto debe valorarse por su utilidad, lo que debe traducirse en escoger entre las opciones con capacidad de ganar, y de gobernar, la mejor posible.

Pero las elecciones no se limitan a escoger el futuro presidente de la república, también deberemos escoger, de manera directa, los nuevos diputados, alcaldes y representantes de corregimiento y, por vía indirecta, los parlamentarios centroamericanos; y como ningún gobernante gobierna solo, habida cuenta de las experiencias presentes, para el próximo quinquenio, será de capital importancia, a quienes escogeremos para las diputaciones.

Nuestro sistema es presidencialista, pero las circunstancias vividas en los años recientes comprueban que la capacidad para tomar decisiones ha estado negativamente dividida y hasta entorpecida por el Órgano Legislativo. Y no se trata de que la Asamblea sea una subordinada del Ejecutivo; pero sí de que existan planes claros y compartidos entre el próximo Ejecutivo y una prudente mayoría parlamentaria para bien gobernar el país. Por tanto, a quien confiemos la responsabilidad de gobernar debe acompañarlo una selección positiva de buenos parlamentarios, que no deben ser subordinados, sino con capacidad y claridad para cumplir una función institucional y patriótica.

A esos efectos, sería saludable que los principales aspirantes a gobernar presenten oportunamente y se hagan acompañar por los candidatos a diputados que compartirán su visión del país para los próximos cinco años y que esos candidatos expliquen cómo cumplirán la responsabilidad de legislar, precisando las propuestas que llevarán al Palacio Justo Arosemena para abordar los principales y más urgentes problemas nacionales, arriba listados.

El período constitucional 2024-2029 será decisivo para nuestro futuro como sociedad, que dependerá de las decisiones que tomaremos el 5 de mayo. Desde ahora debemos asumir como propósito que ese día, el único en que tenemos la capacidad de decidir, escogeremos a conciencia, con sentido útil y patriótico.