Un mundo mal administrado

Siempre me ha llamado la atención la facilidad con que se diagnostican problemas sociales hartamente complejos. Si aumenta la incidencia delictiva, hay que subir las penas de prisión, es lo primero que se le ocurre a más de uno. Si encuentras niños involucrados en pandillas, entonces hay que bajar la edad de responsabilidad penal. Y nadie pretende que haya un razonamiento lógico que sustenta el acto criminal. No se dice que el que cometió el delito analizó los riesgos y las consecuencias, y llegó a la conclusión de que la pena era lo suficientemente baja aún en el supuesto de que la justicia lo pudiese alcanzar. Nadie cree que el niño decide unirse a una pandilla porque sabe que, luego de estudiar las leyes generales y especiales, está por debajo de la edad de responsabilidad penal y, por lo tanto, el código penal no se le aplica.

Por la solución que se propone, el fundamento es claro: parece ser que mientras haya más personas privadas de libertad, incluyendo más niños, más segura estará la sociedad. Mientras más largas las penas de prisión, mejor; mientras la detención provisional pueda usarse en más casos contra niños más pequeños, más seguridad para todos. Como las personas privadas de libertad están colocadas bajo un sistema burocrático de administración de sus cuerpos, se refuerza la idea de que la sociedad descansa sobre una administración eficaz. Estas propuestas provienen de gente que se hace llamar políticos, abogados, e incluso periodistas. ¿No es esto una forma de locura colectiva? Un momento, sabemos que locos no están. ¿Cómo ocurre esto entonces? ¿Cómo pasamos de ideas alocadas de algunos individuos a la normalización de ocupar los asientos del órgano legislativo y “debatir” semejante propuesta de ley?

Hay varias hipótesis no excluyentes que podrían explicar este curso de acción. Aquí voy a considerar tan solo una muy particular, y tiene que ver con ese ejercicio muy humano que se llama, precisamente, pensar. La neurociencia nos revela que el cerebro humano funciona con ahorros energéticos, lo que se traduce en que busca respuestas fáciles, que sean breves al momento de ser enunciadas, y que además sean de una inmediata comprensión. Mandar a la gente a la cárcel por el mayor tiempo posible es una de esas respuestas fáciles.

En cambio, la protección de los derechos de los reos en el sistema penitenciario, los programas de asistencia social para las familias pobres, las intervenciones planificadas para prevenir que niños, niñas y adolescentes rompan con la escuela y sean reclutados por organizaciones delictivas, todo eso requiere un trabajo de gestión pública que debe estar basado en un conocimiento de la realidad social, que a su vez sea el resultado de la investigación empírica, el trabajo de profesionales y especialistas, la planificación de recursos financieros, la articulación de estrategias multisectoriales para abordar el trabajo comunitario, y una comunicación pública oportuna y eficaz. En fin, se requiere de mucho pensamiento que guíen acciones concertadas.

Más allá de las labores de gestión del ciclo completo de la política pública, hay algo muy importante que no debe pasar inadvertido. La buena administración de los servicios de atención a la población, incluida la seguridad, requiere también de decisiones políticas responsables. Si la política desaparece o se adelgaza, y la administración busca reemplazarla, con burocracia o tecnología, entonces las personas son tratadas como cosas. Para legitimar el trato deshumanizante de las instituciones públicas, las personas deben ser presentadas como no humanos, como una forma de vida anormal, patológica, y, en consecuencia, no amparada bajo el pacto social.

En este contexto, las nuevas tecnologías tienden a favorecer las soluciones administrativas, es decir, aquellas que invisibilizan la responsabilidad política. De allí que una de las características de la modernidad tardía en que vivimos es la tendencial desaparición de la política y la emergencia de una administración que usurpa el espacio de la política. Como la tecnología se nos presenta como una palanca poderosa para mejorar la administración de las cosas, el entorno de herramientas digitales contribuye a este marginamiento de la responsabilidad política. Nos encanta la exactitud, la velocidad, y hasta la falta de escrúpulos con que operan los instrumentos tecnológicos.

La fantasía de un mundo mejor administrado gracias al avance tecnológico va aparejada, invariablemente, a la alusión de la política como una fuente inacabable de conflictos sin solución, un terreno donde todo es relativo, nada es verdadero, donde no hay una valoración que pueda ser emitida con la certeza de que tendrá una aprobación de todos. No debe extrañar entonces que haya un porcentaje creciente de gente que desespera de la democracia. No es que tengan un sistema político mejor que proponer o apoyar. Es simplemente que no confían en los actores que se agitan en el territorio del discurso político.

El ejercicio de pensar, como quería Hannah Arendt (La condición humana, 1958), nos trae de vuelta a la política, como unidad del discurso y la acción. Este retorno de la política como práctica transformadora de la comunidad no busca invadir el espacio de administración de las cosas, sino más bien dotarlo de una frontera dinámica en beneficio de la libertad.