¿Es transparente el Gobierno de Varela?

Siendo la transparencia en su gestión el principal tema de su discurso, primero como candidato y luego como presidente de la República, tanto local como internacionalmente, debe resultar un gran shock el resultado de la encuesta de mayo de Dichter & Neira, hecha pública por TVN Noticias. Asómbrese: El 75 % de los encuestados piensa que existe poca o ninguna transparencia gubernamental, en contraste con solo el 22 % que considera que hay total o mucha transparencia. Esto se da en una sociedad donde solo el 3 % considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Al paso que vamos, faltando tres años para que este Gobierno deje el poder, prevemos que este deterioro empeorará a medida que se acerque el año de Hidalgo, tal como ocurrió con el anterior Gobierno panameñista. ¿Qué estará pasando entonces?

¿Será la culpa del presidente o de los ministros? ¿Será culpa de los diputados, sumergidos en una crisis de corrupción tan escandalosa como el Gobierno pasado o más? ¿Será culpa de la justicia manipulada, lenta o indiferente que tenemos? ¿Será responsabilidad de los que sirven de voceros incapaces de dar a conocer sus logros? O ¿será, como siempre, algunos pretenden hacer ver, que se trata de una mera percepción, porque la realidad es otra?

Hay detalles de la encuesta que llaman la atención. Lo casos Waked y Mossack-Fonseca, de acuerdo al 81 % de los consultados, al explotar esos escándalos fuera del país, refleja que nuestras instituciones de investigación, regulación y control no son eficientes, ya porque no pueden o no quieren. El 66 % indica que ha faltado voluntad gubernamental para proseguir con éxito los casos de corrupción que se han descubierto del Gobierno anterior. Esto lo agrava lo lento de la justicia en los casos de corrupción en la actual administración, como es el caso del antiguo director del IMA.

Juan Carlos Varela sabe que públicamente lo apoyé para la Presidencia. Explicaré por qué al único que responsabilizo por lo que ocurre es a él mismo. Tiene una visión centralista de la Presidencia: quiere tomar todas las decisiones, hasta en aquellas de nombrar o destituir funcionarios en una institución. No ha tenido la capacidad de crear la mística de trabajo necesaria para promover valores éticos y morales que tanto dicen sus voceros se profesan y practican en la actual gobernación. Algunas acciones pareciera que responden, más que a una decisión de Estado, a lo que quieren ciertos grupos económicos para satisfacer sus intereses.

Usaré un solo ejemplo: el caso Bern. Cuando el grupo de Herman Bern, allegado a todos los Gobiernos en la era democrática (desde Endara se le permitió construir sobre área de mar las torres Miramar que privaron de la espectacular vista al mar de la ciudad que había por la avenida Federico Boyd).

A Bern le adjudicaron en 2003 una licitación en la antigua ARI de parcelas de tierra para construir unos hoteles, que de inmediato fue cuestionada por ilegalidad por el único otro licitante. Simplemente, violando la ley vigente, las reformas al pliego de cargos no fueron publicadas. Bern fue parte del proceso en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero, como sentía que ganaría, construyó a su propio riesgo y cuenta, lo que dice que le costó 40 millones de dólares. Al hacerlo así, se convirtió en una especie de precarista, con apellido e influencia, pero precarista al fin. La Corte, en 2008 declaró nula la licitación y Bern se quedó sin nada que lo amparara legalmente. En el Gobierno de Torrijos se las ingeniaron e ignoraron el fallo de la Corte Suprema.

En el Gobierno de Martinelli trataron de venderle los terrenos, pero fueron advertidos de la ilegalidad que se cometería. Desistieron. En mayo de 2015, la Sala Tercera de la Corte, ante otra demanda, declaró nula esta vez la concesión de Bern. Ante la pretensión del actual Gobierno de venderle a Bern, mediante carta de marzo de 2016 al ministro de la Guardia, advertí de la ilegalidad que cometerían.

En la Gaceta Oficial del pasado 20 de junio aparece la decisión del Consejo de Gabinete, firmada por el presidente de la República, de venderle los problemáticos terrenos al precarista Bern, olímpicamente ignorando dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, donde se supone que sus decisiones son inapelables y definitivas. De seguir este acomodaticio argumento, el MEF otorgará título a cualquier invasor de tierras que invierta millones donde se metió, porque si la invasión es solo de madera y zinc la policía interviene violentamente.

¿Contribuirán estas ilegales acciones a mejorar la malísima percepción de transparencia que tiene la población del Gobierno? ¿Contribuirá lo hecho, por el contrario, a profundizar la percepción de que los que mandan en Panamá son los intereses de ciertos grupos económicos? Siento pena por esto. Pobre país nuestro. Ahora todo queda en manos del contralor Humbert, quien todavía no ha refrendado este mamotreto.

ABOGADO Y POLÍTICO.