Variantes virales y pasaportes inmunes

El SARS-CoV-2 es la única cepa de coronavirus que causa COVID-19. Las otras seis (6) cepas provocan resfriados comunes y los casos de SARS-1 o MERS que acontecieron en años anteriores. Después de 16 meses de su aparición en Wuhan, miles de mutaciones se han detectado en posiciones puntuales (nucleótidos) de la gran cadena de ARN del virus (30 mil nucleótidos de extensión). La inmensa mayoría de cambios es irrelevante, con excepción de los que ocurren concomitantemente en múltiples posiciones, particularmente en las que conforman la proteína S. Todos los virus cometen errores cuando se replican y copian su ácido nucleico, pero los virus de tipo ARN suelen ser más propensos a cometer errores con cada replicación, porque carecen o tienen en menor medida una maquinaria que poseen los virus ADN y los organismos superiores para corregir las pifias de edición. Cada error es una mutación. Se estima que el SARS-CoV-2 comete en promedio dos errores cada mes, evento aún más frecuente cuanto mayor sea la tasa de propagación en una comunidad. El agrupamiento de numerosas mutaciones origina diferentes ramas filogenéticas, denominadas popularmente como variantes virales. Algunas de estas variantes, también conocidas como linajes, son importantes porque pueden incrementar la transmisibilidad (incluyendo en niños) o agresividad (gravedad o letalidad) del coronavirus original identificado a finales del 2019.

La comunidad científica sigue de cerca el comportamiento de varias variantes (B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.43, P.2, B.1.52, B.1.53, etc.). Las más preocupantes son las cuatro primeras, popularmente publicitadas como variantes británica, surafricana, brasileña/japonesa y californiana, respectivamente. Estas, además de compartir algunas mutaciones, contienen entre 16 y 22 errores adicionales (8-10 en la proteína S). La variante británica (B.1.1.7) ya circula en 114 países y se asocia a mayor contagiosidad (70 %) y letalidad (60 %), pero mínima evasión inmune (no parece afectar la eficacia de las vacunas actuales); la surafricana (B.1.351) circula en 68 países, se vincula a superior contagiosidad (50 %) y provoca un impacto moderado en la eficacia de muchas vacunas; la brasileña/japonesa (P.1) circula en 36 países, se asocia a un incremento no cuantificado en transmisibilidad, aparente mayor severidad en población joven y exhibe leve impacto en eficacia de vacunas; la californiana (B.1.43) aumenta discretamente la transmisibilidad (20 %) y reduce parcialmente la neutralización por anticuerpos. Las vacunas de mRNA (Pfizer, Moderna) conservan, al menos en experimentos de laboratorio, su eficacia contra estas variantes, mientras las otras vacunas parecen mantener su protección contra las formas graves de la COVID-19.

Más de 600 millones de dosis de vacunas han sido administradas globalmente y, en algunas naciones, la gente está ya retornando a una vida cuasi normal. En Israel, por ejemplo, donde más del 50 % de la población ha sido completamente inmunizada, los ciudadanos pueden portar un pasaporte inmune para poder entrar libremente a restaurantes, teatros, gimnasios, clubes y otros recintos privados. La idea no es descabellada, porque en el fondo garantiza salud para los asistentes y promueve la vacunación como incentivo para disfrutar libremente de actividades particulares. Muchos Gobiernos, por su parte, están debatiendo el uso de dichos pasaportes para controlar el ingreso de turistas. No obstante, estas medidas públicas enfrentan desafíos logísticos, legales y éticos. Primeramente, el acceso global a vacunas es todavía muy limitado y privilegiar a la gente afortunada de haber sido vacunada prioritariamente es moralmente cuestionable; segundo, la inmunización de grupos específicos, por encima de otros, con base en presiones políticas o económicas, se presta a la discriminación; tercero, aunque todas las vacunas protegen de forma similar contra hospitalización y muerte, aún no hay mucha información sobre el impacto de las vacunas en uso en reducir la infección asintomática, la potencial transmisión y la protección contra las nuevas variantes virales; por último, la potencial invasión de la privacidad a través de certificaciones digitales.

Las leyes internacionales permiten exigir prueba de vacunación contra la fiebre amarilla a visitantes de algunos países, pero las vacunas contra el SARS-CoV-2 son nuevas, escasas y no todas autorizadas de manera uniforme. Por otro lado, a diferencia del coronavirus que circula en todo el planeta, el virus de la fiebre amarilla solo habita en determinadas regiones y la idea es no importarlo, porque el vector (mosquito Aedes), más universal, posee un mecanismo diferente de propagación. Aunque, por ahora, el germen causante de la COVID-19 es más letal, ningún país pide certificación de vacunación contra la influenza para entrar a su territorio. Si se instaura dicha certificación de inmunidad, debería haber también otras opciones para las personas todavía no vacunadas, como test negativo de PCR inmediatamente antes de viajar, documentación médica de haber padecido la infección previamente o demostración de la presencia de anticuerpos neutralizantes en prueba serológica fiable. Desde una perspectiva ética, regular el tráfico aéreo o marítimo con estos pasaportes debería ser ejecutado en el marco de convenios internacionales y no con base en decisiones unilaterales de las naciones. Lo ideal, en todo caso, es presionar para que todos los países tengan igual acceso a la vacunación, porque, en esta aldea global, lo que afecta a una parte afecta también al todo.

Lo único positivo de contar con pasaportes inmunes sería marginar a los grupos antivacunas, que, irracionalmente, difunden noticias falsas, afectando negativamente las campañas nacionales de vacunación y la posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño. Aquel que no se quiera vacunar, al menos, que no ponga en riesgo a los demás. Así de sencillo…