Ventajas de una nueva constitución (IV)

La necesaria modernización de todas las estructuras del Estado panameño pasa por la puesta en práctica, de manera real y efectiva, del principio universal que nos enseña que: “el poder público solo emana del pueblo” .

Una nueva Constitución Nacional, he afirmado, incorpora derechos ambientales y de la naturaleza, así como acceso a la tecnología, los cuales no están plasmados en la impuesta por la dictadura en 1972. También los derechos humanos, sociales, políticos, culturales y laborales, que son el resultado de los progresos jurídicos de la humanidad toda entera.

La sociedad panameña requiere y reclama a diario, mucha más participación y mejores oportunidades en igualdad de condiciones , en todos los actos de la vida cotidiana del Estado. Tradicionalmente, el “momento constituyente” se ha asociado a crisis de legitimidad política: revoluciones, independencias o el colapso de dictaduras.

Sin embargo, la crisis climática, aunque de naturaleza biofísica, genera una crisis de legitimidad de una profundidad aún mayor. Pone en tela de juicio la capacidad misma del Estado para cumplir su función más elemental: garantizar las condiciones materiales para la supervivencia y el bienestar de su población. La degradación masiva del medio ambiente, la alteración de los ciclos hídricos, la intensificación de eventos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad no son meros problemas de política pública; son la disolución de las bases sobre las que se erigió el Estado moderno y que nosotros no hemos aún alcanzado.

La evidencia científica es contundente al señalar un profundo deterioro ambiental global y la inadecuación de las respuestas actuales para enfrentar lo que es una de las mayores amenazas para el goce de los Derechos Humanos.

Cuando los ecosistemas que proveen agua limpia, aire respirable y alimentos —los servicios ecosistémicos que se daban por sentados— colapsan, el contrato social implícito entre el Estado y los ciudadanos se rompe. Este contrato, concebido en una era de aparente abundancia natural y estabilidad climática, se revela obsoleto. Era un pacto entre humanos que ignoraba su dependencia absoluta de un sistema biofísico estable.

Por tanto, la crisis climática no es solo una crisis ambiental, es una crisis constitucional. Desafía los fundamentos del Estado territorial, la soberanía sobre los recursos y la propia definición de seguridad nacional.

En este contexto, la crisis climática actúa como un catalizador que legitima la convocatoria del poder constituyente. Se trata de un “momento constituyente” no gatillado por un golpe de astado, sino por un golpe de la naturaleza, que nos obliga a actuar con firmeza para reformular la calidad de vida bajo parámetros sostenibles.

La tarea ya no es simplemente ajustar las leyes existentes, sino refundar el pacto social para transformarlo en un pacto social-ecológico, uno que reconozca explícitamente la interdependencia entre la sociedad humana y el sistema terrestre. La concepción clásica de un poder constituyente absolutamente ilimitado ha sido matizada por la evolución del Estado en el sistema internacional.

Hoy, un proceso constituyente no opera en un vacío. Debe considerar un acervo de normas y principios internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, que actúan como un estándar mínimo de civilización.