Vicios de inconstitucionalidad

F ebrero inició con intensas manifestaciones del pueblo Ngäbe-Buglé, en San Félix, Chiriquí. Las protestas surgieron como resultado de su desacuerdo con la omisión del artículo 5 del proyecto de Ley N° 415, por el Gobierno Nacional, donde se instaura un régimen especial para la explotación de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca.

La cacique Silvia Carrera y diversos dirigentes, principalmente los de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del pueblo Ngäbe, exteriorizaron su descontento al sentirse burlados por el gobierno, al omitir ex profesamente el artículo consensuado, hace un año. Ello motivó un llamado al presidente de la República para conversar y encontrar una solución al conflicto.

El llamado al diálogo, con el presidente Martinelli, no surtió el efecto esperado. Situación que generó frustración y enfado, llevando a los protestantes, al cierre de la vía Interamericana a la altura de San Félix, para hacerse sentir.

La falta de voluntad política oportuna, a un conflicto focalizado, con alternativas de solución inmediata, así como el bloqueo de las comunicaciones, por instrucciones del Ejecutivo, marcaron un nefasto precedente que acentuó la imagen de prepotencia, autoritarismo e intolerancia que se le atribuye a la administración Martinelli.

La desatinada implementación de posturas intransigentes, para medir fuerzas, más que para encontrar solución rápida a la problemática se convirtió en una onda expansiva que afectó negativamente la vida de todos los habitantes del territorio nacional, causando pérdidas millonarias a la economía panameña, donde los sectores con mayor afectación, fueron el turismo, transporte interprovincial y comercialización de productos agropecuarios.

Es inconcebible que luego de la experiencia vivida en Bocas del Toro, donde por tratar de aprobar la ‘Ley Chorizo’, en contra del sentir popular, la Policía Nacional, utilizó fuerza excesiva, de control de multitudes, dejando tras su paso varios muertos y un sinnúmero de heridos, lisiados para toda la vida. Ahora se repite la misma equívoca estrategia de intimidación y persecución.

La población se pregunta, ¿por qué esperar que haya muertos, heridos y detenidos, como saldo del enfrentamiento entre la población civil y los policías para tomar decisiones acertadas que lleven a enmendar los deslices cometidos? ¿Hasta cuándo los políticos continuarán con el eterno rejuego de las dobles agendas, privilegiando el oportunismo, negociado y la rapiña, mientras la población sucumbe en la pobreza?

De nada sirve un crecimiento económico sostenido de 10% o más, si se continúan haciendo contrataciones directas leoninas y concesiones con vicios de inconstitucionalidad (artículo 258 de la Constitución Política). Estos actos favorecen el enriquecimiento de una élite de empresarios, allegados a los círculos de poder, lesionando nuestro patrimonio nacional, mientras se distraen los fondos que deben hacer frente responsablemente a la deuda social existente, para disminuir los niveles de inequidad y pobreza.

Se requiere de políticas que respondan a modelos eficientes de producción energética, que conserven y protejan el medio ambiente, garantizando la calidad de vida de la población, pero sobre todo es necesaria la participación de estadistas que trabajen con transparencia, respeten la palabra empeñada y la voluntad popular.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.