Víctimas del sistema de justicia en Panamá

Las constantes desapariciones o privaciones de libertad de menores de edad en Panamá, tienen a toda una sociedad triste, enojada, impotente y con más preguntas que respuestas. Esta modalidad delictiva siembra terror y los familiares de quienes han desaparecido sufren lentamente la angustia de no saber dónde está ese ser querido que es inocente y ajeno, en algunas ocasiones, a actividades conexas vinculadas a su desaparición.

No obstante, las razones que sean que hayan llevado a la desaparición de una persona, es un flagelo delincuencial que viene tomando auge en Panamá y que, a pesar de esto, no se están poniendo en práctica los mecanismos y acciones rápidas que permitan dar con el paradero de los menores de edad, privados de libertad y sus verdugos. Pues, los delincuentes en este pequeño terruño han demostrado ser más eficaces y eficientes que las acciones del sistema de justicia.

Es inaceptable ver cómo, casi que a diario, salen en los medios de comunicación quienes están llamados a proteger la vida y honra de los ciudadanos de este país, jactándose de operativos y acciones policiales que no han servido para menguar la crisis delictiva en Panamá, puesto que sus cifras de decomisos de armas, drogas y detenciones no son congruentes con la realidad. Eso, sin escatimar, que muchas de sus acciones son basadas en medidas represivas y violatorias a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

En otras palabras, pan y circo para desviar a la población de una realidad que nos consume, que nos mantiene en una incertidumbre y crisis paranoica, toda vez que, no hay correspondencia entre las cifras publicadas por los estamentos de seguridad y la realidad delincuencial que vive a diario la ciudadanía, y que llena de luto, dolor e inseguridad a toda la población panameña.

La Ley 230 que crea la alerta AMBER, fue sancionada el 24 de junio de 2021. A casi un año de su sanción, no se han materializado las acciones que manda la Ley para la rápida ubicación de los menores desaparecidos y retraer, potencialmente, su posible traslado al exterior, situación que complicaría su hallazgo. Sin embargo, su implementación y aplicación no exime de responsabilidad a las autoridades y sus brazos auxiliares por su acción tardía.

Por otro lado, estamos obligados a mencionar que nuestro sistema de justicia –engranaje interinstitucional– le ha fallado y le sigue fallando a estos seres vulnerables, menores desaparecidos, abusados física y sexualmente, pues dicho sistema pareciera no tener la disposición de acogerse al mandato constitucional de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar su seguridad.

Finalmente, no cabe duda de que nuestro país enfrenta todo un problema estructural derivado de la violencia y la inseguridad, por lo que invitamos a todos los llamados a finiquitar lo necesario para la activación de la ley alerta AMBER a trabajar en ello y, por qué no, en lugar de llamarlo alerta AMBER, contextualizarla denominándola Alerta MÓNICA, como lo han hecho otros países, siendo la desaparición de la niña Mónica Serrano uno de los casos más controversiales de desaparición de menores en Panamá.