La violencia de género, reto para la democracia

Al analizar la participación de mujeres en la política y el ejercicio del poder corresponde preguntarnos ¿qué imposibilita que las mujeres estén y tomen decisiones en el ámbito privado y público?

Este tema debería ocupar un papel central en todo régimen democrático, incluyendo el panameño. Después de todo, si en Panamá hemos aceptado como forma de gobierno la democracia representativa, ¿cómo pretendemos tenerla sin mujeres?

La sola presencia de las mujeres en lo público cuestiona y replantea el rol atribuido a las mujeres y el papel que desempeñan, tanto en lo privado como en lo público. En ese sentido, la participación política de las mujeres implica una ruptura paradigmática con el lugar asignado tradicionalmente a las mujeres en las sociedades patriarcales.

Como respuesta a la mayor visibilidad, exposición, resistencia e incidencia de las mujeres, el sistema patriarcal genera anticuerpos, cuyos actos de autodefensa se expresan en formas varias de acoso y violencia relacionadas entre sí.

Esta violencia se reproduce en lo privado y en lo público, teniendo siempre el mismo origen, la misma motivación y el mismo fin. Donde sea que se ubique una mujer, las relaciones desiguales de poder permean su vida. Sin embargo, desde la lógica de la interseccionalidad, se evidencia que no todas las mujeres sufren violencia de igual manera. El origen étnico, la clase social, la edad, el sexo, la orientación sexual o la identidad de género conforman un entramado de opresiones que generan distintos tipos violencias.

A partir de una perspectiva comparada, se ha demostrado la importancia de contar con leyes y políticas públicas integrales que eviten el fraccionamiento jurídico que convenientemente o por omisión limita la protección de las mujeres cuando está en riego el goce pleno de sus derechos.

En el contexto regional, la Comisión Interamericana de las Mujeres ha desarrollado la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Bolivia es pionera con la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, complementada con las leyes contra el racismo y toda forma de discriminación, el Código de la Niña, Niño y Adolescente, el Código de las Familias y la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Por otro lado, en abril se publicó en México un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cuenta, además, con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Panamá ha ratificado varios acuerdos internacionales, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por la Ley 12 del 20 abril de 1995 y su protocolo facultativo.

Con el objeto de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia, así como prevenir y sancionar todas las formas de violencia en su contra, se aprueba en Panamá la Ley 82 de 24 de octubre de 2013.

La protección de los derechos políticos de las mujeres en el país presenta varios retos, pero nos referiremos a dos. El primero es contar con una ley que tipifique el acoso y violencia política y que establezca los mecanismos de protección, sanciones y reparación del daño causado, identifique los sujetos activos y pasivos de la acción antijurídica e instituya procedimientos y las competencias de las instituciones del Estado en concordancia con la Constitución y la Ley.

El segundo reto es la protección integral, en el ámbito tanto público como privado, de las niñas y las mujeres, incluyendo la libertad de asociación, independientemente de si militan en organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos o ejerzan cargos públicos.

Mantener a las mujeres subrepresentadas es incompatible con una democracia representativa. Erradicar las causas de exclusión y discriminación, basadas en la violencia de género en todas sus formas, es imperativo y fundamental.