Anayansi Turner Yau o el derecho a la vida

Luego de más de 40 años dedicados a la Universidad, entre la Facultad de Derecho y la Escuela de Relaciones Internacionales, me vi obligado a acogerme a la jubilación en contra de mi voluntad (una damisela de iniciales A.C.V. y a quien prefiero llamar amablemente ‘Isquemia', me puso de rodillas).

Durante cinco años (1972-1977) fui asesor de Política Exterior del canciller y principal negociador, Juan Antonio Tack, además de haber colaborado por dos años (1988-1989) en el rechazo de la agresión (1985-1989) que tuvo su apogeo en la invasión. Desde 1949 me dediqué a estudiar y combatir el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 y, desde 1960, a defender la autonomía universitaria. En la lucha por estos dos objetivos —conjuntados el 9 de Enero de 1964— se templó nuestra identidad nacional.

Los universitarios luchábamos por la autonomía para defender la Casa de Méndez Pereira de toda intención de someterla desde fuera de sus recintos. Solo el go bierno universitario era capaz y debía estar premunido de poderes y atributos para determinar sus propios asuntos. La autonomía era de todos, pero no le pertenecía a nadie. La autonomía era una condición ‘sine qua non' de la lucha por la soberanía y no podía estar opuesta ni ser contraria a la soberanía nacional y la Constitución.

Así las cosas, no es poco el estupor y la sorpresa que experimento cuando hoy —después de años de maduración institucional— encuentro a mi Universidad zarandeada, comprometida y empantanada en un diálogo de sordos y ciegos en que todos dicen tener la razón, pero nadie hace caso.

Tal es el espectáculo empobrecedor que escenifican la UP, el Colegio Nacional de Abogados y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en torno a la profesora Anayansi Turner Yau.

La Conciencia Jurídica de la Nación le ha dicho al rector Gustavo García de Paredes que restituya a su cargo a la distinguida profesora y le pague los salarios caídos más la multa impuesta por el Juzgado Sexto de Circuito del Primer Distrito Judicial. ¡Ñagare!, dijo el rector, quien se arropó con una autonomía que no es suya. ¿Por qué a Bernal Villalaz sí y a Turner Yau no?

La profesora Anayansi Turner Yau es hija de Jorge Turner, un intelectual de altos quilates, y de mi hermana Lilia Yau Villalaz, añorada ejecutiva del IDAAN. Es nieta de Domingo H. Turner, precursor de la Nacionalidad, de la soberanía y de las ideas sociales en Panamá, quien no llegó a la Presidencia ‘porque le cerraron el paso'. DHT fue secretario de Carlos A. Mendoza, jefe del Partido Liberal, y secretario general de la Asamblea Constituyente de 1946. Estuve cerca de DHT desde 1957 y fui su secretario en la redacción de sus memorias.

Anayansi Turner Yau es mi sobrina, no un árbol sin sombra, y nada de lo que le suceda me es ajeno. Siempre fue alumna brillante, y brillante es como profesora. Fue destituida de su cargo como defensora de los Derechos Humanos de los Universitarios el 17 de julio de 2013, posición que ocupó por elección del Consejo General Universitario en la que derrotó al candidato del rector (al parecer un pecado capital). Pero, ¿es o no una contradicción antiética que un Ombudsman responda a un rector a quien deba fiscalizar?

La destitución de Anayansi ocurre cuatro meses después de que el profesor Vicente Archibold, su esposo, fuera despedido en marzo de 2013 de su cargo como asesor legal de la UP por estar en desacuerdo con una decisión del rector. Archibold también fue destituido como profesor de Derecho, con lo cual se tendió un cerco de hambre a toda la familia.

Para que no faltase la cereza del ‘sundae', Anayansi Turner Yau fue destituida cinco meses después de su primera expulsión el 12 de diciembre de 2013, pero esta vez de su cargo ganado en Concurso como profesora de la Facultad de Derecho, de la cual fue vicedecana. Pero, si la primera expulsión como defensora huele a persecución, ¿es o no su expulsión de la Cátedra un cerco de hambre, una total negación del derecho a vida?

Además de no cumplir con mandato de la Conciencia Jurídica de la Nación y de que la Carta Magna dice que Panamá acata las normas del derecho internacional, la UP viola la Constitución, porque el derecho a la vida y a la existencia nacional —una norma ‘Jus Cogens' frente a la cual todas las restantes que se le opongan, desaparecen— es el supremo derecho de la Humanidad. Negar la vida es asesinar, y asesinar no es un derecho. El mismísimo Dios castiga, pero no mata.

*ANALISTA Y EXPRESIDENTE DE SERPAJ-PANAMÁ.