Una tienda falsa ya no necesita errores de ortografía ni un diseño torpe para engañar. Puede exhibir el logotipo de una marca conocida, anunciar descuentos creíbles y responder al comprador con una cortesía impecable. La inteligencia artificial ha perfeccionado el disfraz. Y el próximo 27 de noviembre, durante el Black Friday, miles de consumidores volverán a decidir frente a una pantalla en quién depositan su dinero. La advertencia de EY no es menor. Tampoco la del Foro Económico Mundial: el 73 % de los consultados en su informe de ciberseguridad de 2026 declaró que él mismo o alguien de su entorno había resultado afectado por fraude digital durante 2025. Es una cifra mundial, no panameña, pero retrata la dimensión del problema. En Panamá, a esa amenaza se suma una discusión pendiente. La Ley 45 protege al consumidor frente a ofertas engañosas e incumplimientos, pero no reconoce un derecho general a desistir de una compra por internet simplemente porque cambió de opinión. La Asamblea tiene en trámite el proyecto de ley 651, que propone incorporar el derecho de retracto. Conviene discutirlo con rigor, escuchando a consumidores y comerciantes, y establecer reglas y excepciones claras. La seguridad de una compra no puede depender exclusivamente de la astucia del cliente. Los comercios deben cuidar sus canales y explicar sus condiciones sin letra pequeña; las autoridades, perseguir el fraude y hacer cumplir las garantías. Una buena oferta puede durar unas horas. La confianza que sostiene al comercio cuesta mucho más recuperarla.