Corrupción, un mal estructural

A pesar de que la mayoría de los políticos, autoridades y académicos coinciden en que la corrupción es un mal endémico en Panamá, esta parece florecer cada vez más, sin que exista una fórmula capaz de frenar un problema que carcome las condiciones de vida de los panameños y compromete el futuro del país. El último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 evidencia que el país no avanzó con respecto al año anterior, al obtener nuevamente 33 puntos sobre 100, una calificación muy baja en materia de transparencia. Panamá es el único país de América Latina, junto con Venezuela, que no registra ni una sola condena por el caso Odebrecht, pese a que el escándalo estalló hace más de una década. Sin embargo, este fenómeno no se limita a quienes han gobernado en los últimos diez años, sino que se remonta mucho más atrás, con denuncias que terminan en nada y quedan cubiertas por un amplio y vergonzoso manto de impunidad. La corrupción en Panamá no es un problema de unas cuantas “manzanas podridas”. Se trata de un sistema político y empresarial que la reproduce y se alimenta de una lógica en la que el Estado funciona como una caja menuda para hacer negocios en beneficio de una cúpula. La transparencia no puede seguir siendo solo un discurso vacío, que parece haber quedado en palabras tras las elecciones de 2024. Es una necesidad imperiosa en un país marcado por una desigualdad profunda y un creciente descontento social. El régimen político surgido tras 1989 enfrenta múltiples grietas, entre ellas la corrupción estructural. La respuesta debe ser más transparencia y más democracia, pero, sobre todo, castigo para quienes traicionaron la confianza de la población y eligieron la corrupción como camino para enriquecerse a costa del erario público.