Disciplina fiscal sin abandonar lo social

Pese a que las autoridades aseguran que no trasladarían el costo del ajuste fiscal a los sectores más vulnerables, según datos del MEF los subsidios destinados a los hogares cayeron de $1,365 millones en 2024 a $728 millones en 2025, una reducción del 47%. Más allá de la necesidad de ordenar las finanzas públicas, la magnitud de estos recortes plantea serias interrogantes sobre las prioridades del Estado. Los programas más afectados fueron precisamente aquellos que buscan aliviar las mayores necesidades de la población: el Fondo Solidario de Vivienda prácticamente desapareció, el programa Ángel Guardián sufrió un recortes y las becas junto con Pase-U se redujo. Estas decisiones impactan directamente a familias de bajos ingresos, personas con discapacidad, estudiantes y quienes aspiran a acceder a una vivienda digna. La disciplina fiscal es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, cuando el ajuste recae sobre programas sociales esenciales, mientras el país enfrenta un desempleo cada vez más angustiante y un persistente déficit habitacional, resulta inevitable cuestionar si el equilibrio de las cuentas públicas se está alcanzando a costa de quienes tienen menos capacidad para soportarlo. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, pero también actuar con coherencia. Si las circunstancias obligaron a modificar la política de subsidios, corresponde explicarlo con transparencia y asumir el costo político de esa decisión. La confianza ciudadana se fortalece cuando las acciones coinciden con las promesas; se debilita cuando las cifras cuentan una historia diferente.