Educación mortal

En Panamá, un niño no debería morir por querer aprender. Y, sin embargo, en la Comarca Ngäbe-Buglé, esa tragedia se repite con una normalidad que estremece la conciencia nacional. Entre 55 y 70 niños y niñas han perdido la vida en las dos últimas décadas al intentar cruzar ríos para llegar a sus escuelas. No son cifras. Son nombres, sueños, mochilas arrastradas por la corriente. El estudio de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fudespa) desvela una verdad insoportable: en Panamá, el derecho a la educación y el derecho a la vida están en conflicto. Los niños de la comarca no mueren por imprudencia. Mueren porque el Estado- históricamente- les ha fallado. Porque no hay puentes seguros, caminos transitables ni sistemas de alerta temprana que los protejan de un río que se lleva, año tras año, a quienes apenas comienzan a escribir su historia. La comarca vive atrapada en un círculo de exclusión estructural: pobreza extrema, aislamiento geográfico, falta de infraestructura básica y abandono institucional. No hay caminos, no hay transporte escolar, no hay puentes. Y lo más grave: no hay voluntad política sostenida para cambiar esa realidad. El informe estima que resolver esta crisis costaría entre 42 y 63 millones de dólares —una fracción del presupuesto nacional—, mucho menos de lo que se gasta en viáticos, asesores o campañas. Las cartas han sido enviadas. Las alertas están documentadas. Las promesas, repetidas. Cada niño ahogado es una lección sobre la indiferencia institucional. Y cada día sin acción es una falta moral.