El deber de la Contraloría ante un conflicto de interés en el Estado

Cuando el poder público y los negocios se entrelazan, la confianza institucional se resquebraja. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) administra $700 millones, consolidándose como la segunda cartera con mayores fondos de inversión estatal. Sin embargo, en sus pasillos, la frontera ética que separa al funcionario fiscalizador del contratista se ha esfumado, exponiendo el erario a un peligroso juego de roles. La rehabilitación vial hacia Santa Catalina, en Veraguas, ilustra esta grave opacidad. Una obra adjudicada por $10.6 millones a un consorcio del que formó parte el actual ministro, José Luis Andrade, opera hoy bajo su propia jurisdicción. Las alarmas éticas destellan al constatar que, ignorando la declaración de impedimento que exige la Ley 316, el titular firmó adendas con su antiguo socio comercial, encareciendo el proyecto en $1.6 millones. En este escenario, la Contraloría General de la República ejerce una función determinante como fiscalizadora del presupuesto. Tras refrendar este incremento millonario, surge una interrogante ineludible: ¿cuál fue la motivación técnica para aprobarlo y cómo se evaluó el evidente conflicto de interés? Hasta hoy, impera el silencio. Si bien la libre empresa es el motor económico del país, resulta inaceptable que los fondos públicos financien el amiguismo mientras las comunidades más vulnerables carecen de infraestructuras dignas. La Contraloría tiene el deber inquebrantable de explicar lo sucedido, rendir cuentas y garantizar que las puertas giratorias jamás encuentren un refugio cómplice dentro del Estado.