Nicaragua sin urnas: el absolutismo de Ortega

Nicaragua ya no vive bajo la apariencia de una democracia deteriorada. Daniel Ortega dejó de fingir. Al anunciar que en el país “no volverá a haber elecciones”, no lanzó una amenaza: confesó la naturaleza de un régimen que solo puede conservar poder eliminando el voto. Las urnas habían sido vaciadas antes. En 2021, siete aspirantes presidenciales fueron encarcelados, la oposición quedó fuera de competencia y Ortega se proclamó vencedor sin adversarios reales. Después llegaron el exilio, las confiscaciones, el cierre de organizaciones, la persecución contra la prensa y una reforma constitucional que convirtió el Estado en patrimonio de la familia Ortega-Murillo. Pero la gravedad de este desafío exige más que comunicados diplomáticos. La OEA, la ONU y los gobiernos democráticos deben abandonar la administración burocrática de la condena y activar presión sostenida: sesiones extraordinarias, mecanismos de derechos humanos, sanciones individuales y acompañamiento a la sociedad civil y a los nicaragüenses perseguidos. Panamá no puede guardar una prudencia que termine pareciéndose al silencio. Así como ha fijado una posición clara frente a la deriva autoritaria de Venezuela, debe pronunciarse con firmeza, sin reservas, ante Nicaragua y promover una respuesta regional. La defensa de la democracia no puede depender del país ni del gobernante que la vulnere. Ortega pretende convertir el miedo en ley y la represión en sistema permanente. La comunidad internacional todavía puede elegir entre actuar o limitarse a documentar la caída. Cuando un dictador elimina las elecciones, la neutralidad deja de ser diplomacia y comienza a convertirse en complicidad.