Las vistas presupuestarias obligan al poder a responder con cifras. Pero ante la Asamblea Nacional, la fiscalización perdió la firmeza mostrada ante otras entidades. La escena pareció seguir un guion preparado. Las preguntas llegaron con suavidad, seguidas de respuestas generales y sin repreguntas capaces de incomodar. Se habló de la celebración por los 120 años del Legislativo, de los eventuales sin cobrar y de las oficinas de Participación Ciudadana. Los asuntos, sin embargo, no llegaron al fondo. El contraste fue evidente. La Comisión venía de sesiones ásperas. En Mitradel se ventilaron conflictos de interés; al Tribunal de Cuentas se le cuestionaron salarios, gastos de representación y vehículos. Frente a la casa propia, el rigor se volvió prudencia. Las cifras no admitían semejante indulgencia. La Asamblea solicitó $176.6 millones para 2027, aunque el MEF recomendó $97 millones. De lo pedido, $145.2 millones irían a servicios personales. Shirley Castañedas reconoció que requirió otros $68 millones para cerrar 2026. La Estrella de Panamá reveló que, en sus dos primeros meses de gestión, fueron contratados 456 servidores públicos, con un costo mensual de $676,679, mientras permanecían ocultas la planilla eventual y la distribución de personal por diputado. Aquella comparecencia exigía nombres, criterios, montos y resultados. No respuestas sin cierre. La fiscalización pierde legitimidad cuando cambia según el examinado. Si el control se vuelve dócil al mirar hacia el Palacio Justo Arosemena, deja de cumplir su propósito. Una vista presupuestaria no puede parecer una representación ensayada entre quienes preguntan y quienes ya conocen el libreto.

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