En Venezuela hay 1,905 detenidos considerados como “presos políticos”, 38 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.867 personas privadas de libertad...
Si hay una institución que se ha visto seriamente afectada en su imagen durante los últimos años, esa es la Contraloría de la República. Lejos de transmitir confianza entre la población, las últimas administraciones han profundizado las dudas sobre la institucionalidad del Estado en materia de fiscalización. No se puede hablar de democracia si no incluimos en la ecuación la transparencia y la rendición de cuentas en tiempo oportuno, dos piezas fundamentales que estuvieron en entredicho. Ni siquiera la crisis de la covid-19, que revaloró lo público en cuanto a salud y seguridad, fue un punto de inflexión para reforzar un compromiso nacional por la transparencia. Por el contrario, hubo entonces dos pandemias, una sanitaria y otra ligada a la corrupción, ante la discrecionalidad con la que se gestionaron los fondos públicos, a todos los niveles, en medio de la emergencia. El contralor designado, Anel Flores, tiene la oportunidad de esclarecer qué pasó con los millones que se repartieron a mansalva con los auxilios económicos del Ifarhu, también debe dar respuestas al baile de dinero del que dispusieron los diputados en la Asamblea Nacional, y explicar qué pasó con la descentralización paralela que salpicó a los gobiernos locales, la estructura de gobierno que más cerca está del ciudadano. Dejemos las excusas ante tanta opacidad.