Falla a la niñez

La evasión de más de diez menores del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen expone una crisis de seguridad y gestión en los albergues de Panamá. Este incidente, que resultó en la desaparición de adolescentes y la sustracción de bienes, evidencia una vulnerabilidad estructural que el Estado no ha logrado subsanar. Resulta inaceptable que la Alerta Amber fuera activada con tres días de retraso. Aunque la reciente Ley 469 busca modernizar la respuesta mediante la Oficina de Activación Temprana bajo el Ministerio de Seguridad (Minseg), la burocracia operativa sigue prevaleciendo sobre la urgencia de proteger vidas. Las herramientas digitales y aplicaciones móviles proyectadas en la nueva normativa carecen de valor si la ejecución institucional es letárgica. Hasta la fecha, la Senniaf solo ha reportado la ubicación de cinco menores. Como defensores de los derechos humanos y el feminismo —que vela por el núcleo familiar y la protección de los más débiles—, la transparencia es una exigencia impostergable. Si bien la empresa privada es un motor de desarrollo, la guarda de la niñez es una obligación indelegable del sector público. La ciudadanía debe colaborar con las líneas 104 y 911. La protección de la infancia en Panamá no admite más negligencia.