Entrelíneas del 8 de abril de 2025

El informe de la auditoría de la Contraloría de la República a Panama Ports Company, donde se habla que el Estado dejó de percibir al menos 1.337 millones de dólares, pone de manifiesto un problema profundo sobre la administración de la cosa pública. En un primer desglose, el contralor Anel Flores reveló que incluso fueron detectados “malos cálculos contables” y “empresas fantasmas” en el proceso. Todo lo anterior, subrayó, se hizo bajo el amparo de un contrato que no dudó en calificar como “leonino” y que fue “mal negociado” por “malos panameños”. Si bien aún no se conocen todos los detalles de la auditoría, esta escandalosa revelación pone en evidencia la necesidad urgente de que se profundicen este tipo de investigaciones y se extienda a todas las empresas en las que el Estado tiene participación. El Ministerio Público debe avanzar una rigurosa pesquisa para que sean llevadas ante la justicia todas aquellas personas, tanto funcionarios como representantes del sector privado, que tuvieron parte en lo que parece un nuevo atraco al patrimonio nacional. No hay excusa alguna para postergar esa investigación. La soberanía no solo se ejerce en los discursos, sino en la defensa de los recursos de todos los panameños.