Financiamiento electoral

La democracia panameña enfrenta desafíos enormes en cuanto a representatividad, eficacia y confianza en las instituciones.

Hay cambios urgentes que han sido pospuestos en los últimos años debido a los intereses mezquinos y politiqueros de quienes han controlado el poder político, especialmente en la Asamblea Nacional.

Uno de los mecanismos clave para enfrentar esta situación es la revisión del subsidio electoral, una herramienta que, si se utiliza correctamente, puede reducir los riesgos de corrupción y la infiltración de dinero ilícito en las campañas.

En Panamá existe un financiamiento mixto: una parte proviene del subsidio y otra de aportes privados. Este último introduce grandes distorsiones en la contienda electoral, convirtiendo al dinero en el elemento principal para hacer política en el país.

Es decir, genera más desigualdad en la participación y representación política, en una nación con profundas inequidades de todo tipo.

El subsidio electoral, en su concepción, busca precisamente evitar ese riesgo, ofreciendo a los partidos políticos recursos públicos que garanticen condiciones mínimas de equidad y transparencia. Sin embargo, su aplicación actual merece una revisión profunda. No basta con repartir fondos: se requiere un sistema más riguroso de fiscalización y reglas claras.

Un tablero equilibrado e igualitario para todos es clave para garantizar que los cargos de elección popular respondan verdaderamente a la voluntad del pueblo, y no solo a quienes tienen el dinero para costearse una campaña política.