Según Díaz-Canel, las conversaciones han sido coordinadas con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado cubano
La construcción de puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé es, sin duda, una necesidad urgente y largamente postergada. Durante décadas, comunidades enteras han esperado una infraestructura mínima que permita a niños, maestros y familias cruzar ríos con seguridad. Las cifras son dolorosas: al menos 70 personas, en su mayoría estudiantes, han perdido la vida en los últimos 25 años intentando llegar a la escuela. Ante esta realidad, ningún gobierno puede permanecer indiferente. Sin embargo, la urgencia social no puede convertirse en excusa para debilitar la transparencia en el uso de los fondos públicos. La decisión del Ministerio de Obras Públicas de contratar de manera directa y “excepcional” la construcción de 50 zarzos por más de 18 millones de dólares abre preguntas legítimas. El costo promedio de cada estructura, más de 350 mil dólares, supera por amplio margen los precios registrados en licitaciones recientes de proyectos similares, algunos de los cuales no alcanzaron ni siquiera los 100 mil dólares. Para alejar cualquier duda sobre opacidad en las inversiones públicas, debe haber una amplia competencia entre oferentes y participación de empresas con experiencia reciente en contrataciones públicas y sin antecedentes cuestionados. No hay espacio para improvisaciones para obtener réditos políticos, más aún cuando la necesidad de estos puentes no es nueva: las advertencias de maestros y comunidades llevan años sobre la mesa. Nadie discute que los zarzos deben construirse cuanto antes. Pero precisamente porque se trata de recursos públicos y de comunidades históricamente olvidadas, el proceso debía ser ejemplar. La transparencia no retrasa el desarrollo; por el contrario, lo legitima.