Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
El presupuesto de 2027 salió de la Asamblea con $35,111.7 millones aprobados y una concesión que merece tanta atención como las cifras. Entre partidas y discusiones, los diputados incorporaron una excepción que permitirá a instituciones como Obras Públicas, Educación y Gobierno contratar servicios técnicos, repuestos y equipos por montos inferiores al millón de dólares sin a una licitación. El presupuesto pasó. El atajo, también. Se invocan urgencias, imprevistos, interés público. Nadie pretende que un ministerio quede paralizado cuando debe responder a una emergencia. Pero la rapidez, por necesaria que sea, no puede confundirse con discrecionalidad. Y menos cuando se habla de dinero público. Cuanto más excepcional sea el mecanismo, más estricta debe ser la vigilancia. Es evidente que con este tipo de acciones se apadrinan los negociados. Hay, además, una redacción inquietante. Los municipios fueron retirados de la enumeración, pero quedó la expresión «instituciones públicas tales como». ¿A quiénes alcanza entonces la excepción? La pregunta debería haberse resuelto antes de votar. Y no fue la única: el ministro de Economía aclaró que la modificación no nació en su despacho. Una reforma de esta naturaleza merecía discusión propia, no un espacio entre las disposiciones presupuestarias. La corrupción y el clientelismo no siempre irrumpen con estruendo; a menudo se escudan en articulados redactados a la medida de la opacidad. El proyecto descansa ahora en el despacho del Presidente. Sancionarlo sin podar esta norma sería validar que los fondos de todos los panameños sin rigor.