La paridad no es un privilegio, es una obligación democrática

La Comisión Nacional de Reformas Electorales volvió a mostrar una realidad incómoda: en Panamá, la paridad es un discurso, no un compromiso. La propuesta del Tribunal Electoral para eliminar la “válvula de escape” —el mecanismo que permite a los partidos incumplir la cuota del 50 % de mujeres— fue frenada sin argumentos sólidos. El mensaje de los partidos fue claro: prefieren mantener una norma que se puede esquivar antes que asumir la responsabilidad de abrir espacios reales para las mujeres. Lo disfrazaron de “realidades del territorio”, “dificultades operativas” y “falta de interés femenino”, pero el fondo es otro: cuesta ceder poder. El Tribunal Electoral llegó con respaldo técnico, histórico y social. Misiones internacionales han advertido desde 2019 que la válvula de escape destruye la efectividad de la paridad. Más de una docena de organizaciones de mujeres respaldaron el cierre de ese resquicio legal. Aun así, la mayoría de los colectivos políticos optó por bloquear la reforma. Los argumentos repetidos son preocupantes. Decir que “las mujeres no quieren participar” ignora décadas de exclusión, prácticas internas cerradas y estructuras diseñadas para favorecer a los mismos grupos de siempre. Afirmar que la válvula “no es trampa sino solución” es admitir que no existe voluntad para corregir desigualdades que se han normalizado. La paridad no es un privilegio ni una concesión: es una obligación democrática. Los partidos están en deuda con las mujeres panameñas. Mantener una ley que permite incumplir la ley es inaceptable. Si la democracia se defiende con hechos, no con excusas, entonces ya es hora de que la clase política deje de temerle a la igualdad y actúe en consecuencia.