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Agrega La Estrella en Google ↗️El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 se presenta bajo dos grandes promesas: priorizar la inversión social y preservar la sostenibilidad fiscal. Ambas son necesarias. Ninguna puede evaluarse todavía por el discurso. Panamá necesita más recursos para atender las carencias acumuladas en salud, educación, vivienda, seguridad social e infraestructura. Pero aumentar o redistribuir partidas no garantiza que esos recursos lleguen a quienes los necesitan. La inversión social pierde sentido cuando se diluye en burocracia, contratos cuestionables, obras inconclusas o programas sin resultados medibles. La sostenibilidad fiscal tampoco puede reducirse a una cifra conveniente dentro del presupuesto. Exige decisiones que suelen ser menos populares: contener el gasto innecesario, revisar privilegios, cerrar espacios al despilfarro y evitar que el endeudamiento se convierta en la salida automática frente a cada dificultad. El proyecto pasará ahora por la Asamblea Nacional, donde tendrá que resistir presiones, negociaciones y apetitos políticos. Allí se verá si las prioridades anunciadas permanecen intactas o si el presupuesto termina fragmentado entre intereses particulares. No basta con presentar un plan que hable de equilibrio. El verdadero examen comenzará cuando se adjudique, se contrate y se ejecute cada partida. La inversión social debe traducirse en servicios que funcionen y oportunidades concretas. La sostenibilidad fiscal debe significar orden, transparencia y responsabilidad, no recortes improvisados sobre los sectores más vulnerables. El presupuesto puede prometer mucho. Lo decisivo será impedir que, una vez aprobado, vuelva a convertirse en una lista de buenas intenciones administrada sin consecuencias.