Protestas, infiltrados y democracia

Panamá ya conoce lo delicado que resulta ese terreno en el que la seguridad del Estado empieza a confundirse con la vigilancia sobre sus propios ciudadanos. Como ya lo hemos dicho en este espacio, una democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones, sino también por la forma en que sus instituciones respetan la protesta, la crítica y la organización ciudadana, incluso cuando resultan incómodas. El recuerdo de los “pinchazos” sigue allí como una advertencia. Por eso, las denuncias recientes sobre el uso de agentes encubiertos dentro de organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles y comunitarias merecen una respuesta clara, documentada y sin zonas grises. La figura del agente encubierto existe y tiene una finalidad legítima dentro de investigaciones complejas. Pero también tiene límites. Y esos límites son precisamente los que ahora deben explicarse: qué se investigaba, bajo qué fundamento, con qué autorización y hasta dónde llegó la actuación de los cuerpos de seguridad. Es imperativo que el Ministerio Público se pronuncie, con acciones en curso, en torno a este hecho. No toda vigilancia es espionaje. Tampoco toda protesta convierte a sus participantes en sujetos de interés policial. Ahí está el punto. El Estado tiene la obligación de prevenir delitos y preservar el orden público. Pero también debe garantizar que cualquier ciudadano pueda reunirse, protestar y organizarse sin sentir que cada espacio de participación puede convertirse en una operación de inteligencia. No se trata de anticipar culpables. Se trata de despejar dudas. Panamá necesita saber qué ocurrió. Porque cuando la vigilancia cruza una línea sin explicación suficiente, la primera víctima es la confianza pública.