Que la corrupción no quede impune

La Operación Pandora ha puesto bajo investigación una presunta red de corrupción que habría operado desde la Dirección General de Ingresos (DGI), causando un millonario perjuicio al Estado. Si los hechos se comprueban en los tribunales, no estaríamos solo ante un fraude fiscal, sino ante un atentado contra los recursos que pertenecen a todos los panameños. Los impuestos financian hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y programas sociales; desviar ese dinero es arrebatar oportunidades a quienes más las necesitan. Este caso se suma a otras investigaciones recientes sobre el manejo de fondos de la descentralización, programas sociales y otras entidades públicas, mientras escándalos como Odebrecht que, más de diez años después, aún mantienen al país a la espera de una sentencia, así como las investigaciones sobre el mal uso de fondos mediante la descentralización paralela en los gobiernos locales y otros casos, siguen recordando el enorme costo que la corrupción ha impuesto al país. Panamá necesita que la justicia actúe con firmeza, pero también con estricto respeto al debido proceso. La lucha contra la corrupción no puede basarse en condenas mediáticas, sino en investigaciones sólidas, sentencias ejemplares y la recuperación efectiva de los bienes robados. La impunidad no puede ser la característica de normalidad entre empresarios y políticos en Panamá; no combatir esa cultura solo alimenta nuevos abusos. Castigar a los responsables y devolver al Estado lo robado es una obligación con la ley y, sobre todo, con el pueblo.