Reglamento interno, deuda pendiente

La reciente suspensión de la sesión de la Comisión de Credenciales que debía debatir las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional evidencia, una vez más, la falta de voluntad para modernizar una de las normas más importantes para la transparencia legislativa. La discusión sobre el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, pendiente desde períodos anteriores, no es un asunto menor: define cómo se organiza el trabajo parlamentario, cómo se controla la asistencia de los diputados y qué obligaciones tienen frente a la ciudadanía. En un contexto en el que la percepción ciudadana sobre la política está en un nivel históricamente bajo, mantener esquemas de privilegios sin evaluación ni límites alimenta la desconfianza. No puede seguirse postergando la discusión sobre mecanismos que aseguren la rendición de cuentas, como sanciones por inasistencia injustificada o requisitos claros para el personal de los diputados. Los actuales debates deben centrarse en modernizar la normativa para adaptarla a las exigencias de transparencia y eficiencia que reclama la sociedad panameña. Esto incluye eliminar discrecionalidades, establecer controles rigurosos y reforzar el vínculo entre electores y electos mediante mecanismos claros de evaluación y sanción. Los diputados, de partidos e independientes, tienen la obligación de liderar con el ejemplo, aunque los hechos evidencien cada vez más incapacidad para atender las demandas de la población. Discutir y aprobar un reglamento interno robusto no solo fortalece su institucionalidad, sino que envía un mensaje claro: los privilegios no están por encima del compromiso con el pueblo que representan.