Educación primero

La educación en Panamá atraviesa una crisis que ya no admite diagnósticos tibios ni soluciones improvisadas. Los bajos resultados en pruebas internacionales como PISA, las profundas brechas entre áreas urbanas y rurales, la infraestructura deteriorada y la débil formación continua docente evidencian un sistema que no está garantizando igualdad de oportunidades. El problema no es solo académico; es estructural y social. Sin una educación de calidad, Panamá compromete su competitividad, limita la movilidad social y frena su desarrollo sostenible. Este es un asunto ampliamente diagnosticado y conocido. ¿Por qué no hay voluntad política para resolver la crisis del sistema educativo? Un país que aspira a consolidarse como centro logístico, financiero y tecnológico no puede permitirse generaciones con vacíos en lectura, matemáticas y pensamiento crítico. Reformar la Ley General de Educación es necesario y constituye un enorme desafío que estará sobre la mesa en este año lectivo que inicia hoy. Hacer esos cambios a espaldas de los docentes y de la comunidad educativa sería un error histórico. Esta reforma se puede hacer bien y en democracia, y los cambios deben construirse con la participación activa de estudiantes, padres de familia, universidades y sectores productivos. Son ellos quienes viven la realidad diaria de las aulas y comprenden mejor que nadie los desafíos concretos. La educación no puede ser rehén de intereses políticos ni de decisiones unilaterales. Las distintas fuerzas políticas del país necesitan acercar posturas en torno a la educación, aunque parezca un escenario poco probable en este momento, y el gobierno es el principal actor llamado a impulsar ese diálogo. Solo así se podrá transformar el sistema educativo en el motor que impulse el desarrollo económico, fortalezca la democracia y garantice un futuro más justo para todos.